Desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha siempre hemos considerado que el derecho al acceso a una vivienda digna que viene reconocido en la Constitución Española, se convierte a la vez en una obligación de los poderes públicos en desplegar todas aquellas medidas legislativas y de políticas activas que hagan efectivo éste derecho.

Nuestra región tiene un amplio parque público de viviendas, que ocupadas mayormente por familias humildes y trabajadoras, pero que han ido derivando en algunos casos en zonas de riesgo de exclusión social lo que ha ido en perjuicio del concepto de vivienda pública.

La vivienda pública necesita por tanto de una dignificación, no solamente por los años de abandono que han sufrido muchas promociones a lo largo y ancho de la región, sino porque se han convertido en un elemento esencial para frenar el impacto social que ha provocado en miles de familias el estallido de la crisis-estafa inmobiliaria. Querríamos destacar en éste asunto el mal estado y deficiencias de calidad de construcción en varias de las promociones de GICAMAN, incidencias que llevan años sin atenderse ni repararse.

Paralelamente a ésta necesidad de vivienda tenemos la paradoja de cientos y miles de viviendas privadas nuevas y usadas que están a la espera de un inquilino o un comprador. Esta contradicción de “casas sin gente y gente sin casas”, debe resolverse a través de la intervención pública como así se reconoce en el Anteproyecto de Ley expuesto.

Compartiendo el objeto de la Ley, y la necesidad de aprovechar aquellas experiencias mas progresistas en materia de políticas activas de vivienda, desde IU de Castilla-La Mancha tras su análisis, debate y estudio hemos preparado una serie de enmiendas, alternativas o propuestas con las que mejorar desde nuestra visión de la Izquierda Social y Transformadora el alcance social y político que debe tener esta nueva Ley regional de Vivienda.

PROPUESTAS:

PRIMERA PROPUESTA:

Incorporar en el Título Preliminar una referencia al compromiso por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de exigir al Gobierno de España mediante la firma de los convenios y acuerdos que sean necesarios, para conseguir la incorporación al Patrimonio Público del Suelo Autonómico y del Parque Público de Viviendas de Protección Pública, aquellos bienes inmuebles y terrenos que la SAREB tenga en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

JUSTIFICACIÓN: La SAREB es una entidad pública estatal que actualmente gestiona y administra los activos inmobiliarios comprados a las entidades de crédito que necesitaron ser “rescatadas”. Estos bienes inmuebles y el suelo pueden servir para aumentar los recursos públicos autonómicos y así atender las necesidades de ofrecer alternativas habitacionales a aquellas personas y unidades de convivencia que estén en situación de emergencia, asimismo pueden servir para posibles planeamientos y actuaciones de desarrollo de suelo para vivienda de protección pública y equipamientos anejos.

Entendemos que el Gobierno regional debe hacer lo posible para que estas viviendas y suelo ya existente, pase a formar parte del patrimonio público autonómico para vivienda de protección pública y atender de manera inmediata muchos casos de emergencia habitacional y mover las listas de espera del Registro de Demandantes de Vivienda que acumula años de retraso.

SEGUNDA PROPUESTA:

Modificar en el Artículo 3 Punto h), cambiando la denominación de “Empresas con Especial Responsabilidad Social”, por “Agentes de Especial Responsabilidad Social” para así comprender tanto a personas físicas como jurídicas  que sean titulares de más de 25 viviendas en la región.

JUSTIFICACIÓN: La extensión a las personas físicas obedece a la propia idiosincrasia del concepto de propiedad en muchas zonas rurales y ciudades pequeñas, en donde no siempre la propiedad y el dominio sobre viviendas y terrenos se hacen mediante sociedades mercantiles.

TERCERA PROPUESTA:

Modificar el Artículo 9 Punto 1, sobre los Planes Locales de Vivienda y su carácter obligatorio para ciudades de más de 50.000 habitantes. De quedar así la redacción definitiva, los Planes solamente serían obligatorios en las capitales de provincia y en la ciudad de Talavera de la Reina, dejando importantes territorios y sus habitantes sin un Plan estratégico para atender las necesidades de vivienda de protección pública.

La redacción que se propone quedaría así:

  1. Los Planes Locales de Vivienda serán obligatorios en las ciudades de más de 50.000 habitantes, y corresponderá a los servicios provinciales de Vivienda el apoyo técnico para el desarrollo de Planes Locales en aquellas ciudades de más de 10.000 habitantes que así lo soliciten, o de manera mancomunada en aquellas zonas y comarcas que se establezca una estrategia de vivienda pública protegida como medida para frenar la despoblación.

JUSTIFICACIÓN: La inmensa mayoría de la población regional reside en ciudades menores de 50.000 habitantes, y las necesidades de ofrecer una política pública activa que permita hacer efectivo el derecho constitucional de acceder a una vivienda digna, obliga a las Administraciones Públicas a desarrollar políticas activas para ello. Las cabeceras de comarca natural o administrativa pueden necesitar estos Planes Locales para diseñar estrategias de desarrollo económico y social para evitar la despoblación y el envejecimiento.

CUARTA PROPUESTA:

Eliminar en los artículos 12.2, 14 y del 89 las referencias a la mediación de entidades privadas en la gestión del parque público de viviendas o del suelo, ya que entendemos que es una encomienda que debe permanecer íntegramente bajo control del sector público autonómico o local.

JUSTIFICACIÓN: La intrusión de agentes privados en esta encomienda de servicios de gestión, suelen añadir problemas de interlocución con las personas adjudicatarias a la hora de solventar problemas derivados del uso de la vivienda, deficiencias en las obras y otras incidencias.

QUINTA PROPUESTA:

Incorporar al artículo 22 sobre procedimientos de mediación extrajudicial, un nuevo apartado 4

“4. Los Servicios Provinciales de Vivienda se dotarán de un servicio de mediación para intervenir en casos de impagos de gastos comunes en aquellas promociones que así quede establecido por contrato, al objeto de evitar problemas de deterioro del edificio y de la convivencia vecinal en el mismo.

JUSTIFICACIÓN: Suele ser un problema habitual el impago de los recibos de “comunidad de vecinos” con el cual se hace frente a gastos comunes del edificio; luz, mantenimiento del ascensor, limpieza, etc… y este impago continuado puede acarrear problemas de mantenimiento del edificio y conflictos de convivencia.

SEXTA PROPUESTA:

En el artículo 27 sobre Requisitos del Alquiler Social, añadir un nuevo apartado 4

“4. Aquellas personas o unidades de convivencia que tengan la calificación de ingresos 0 y estén en situación de emergencia habitacional, se les habilitará una actuación de carácter integral e interdisciplinar; vivienda de alquiler social e inclusión en programas de inserción social o planes de empleo para que obtenga una renta mínima con la que hacer frente al alquiler social.”

JUSTIFICACIÓN: Los efectos de esta larga crisis han generado un gran número de familias con todos sus miembros en paro o sin ingresos periódicos asegurados, un empobrecimiento que ha generado situaciones de emergencia habitacional y la necesidad de intervención social para evitar que caigan en situación de exclusión social y desestructuración familiar, una intervención de este tipo puede evitarlo.

SÉPTIMA PROPUESTA:

Dentro de las medidas de fomento para la ocupación de viviendas que contiene el artículo 31, se debería incluir un nuevo apartado 3

“3. Como medida complementaria a las enunciadas anteriormente, se faculta e insta a las entidades locales a que regulen la fijación de recargos en el IBI a partir de la tercera vivienda injustificadamente desocupada, para así facilitar la función social de la propiedad.”

JUSTIFICACIÓN: Las Corporaciones Locales pueden ayudar al objetivo de ésta Ley en cuanto a facilitar la movilización del parque de vivienda privada que está desocupada, y así ofrecer una alternativa para su ocupación y ayudar a moderar el precio final de mercado.