Resolución para destacar la importancia de la movilización social tras retirada sanción Raquel Iniesta
El Consejo Político Regional de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha quiere mostrar, mediante estas líneas, su alegría por la retirada de la sanción a la compañera Raquel Iniesta Sierra, perteneciente a la Asamblea Local de nuestra formación en Cuenca capital, por la injusta sanción que había recibido por parte del Ayuntamiento de su localidad, tras ser la persona encargada de solicitar los permisos necesarios para la celebración de una protesta por el cierre de los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros).
Nuestra compañera recibió, en el mes de julio, una multa del consistorio de 3.000 euros por infracción de un artículo consistente en tapar con pancartas, carteles, etc… señales de tráfico el día que se celebró la concentración antes mencionada. Tras presentar las primeras alegaciones en medio de cierta sorpresa, rechazadas por el Ayuntamiento en el mes de noviembre cuando se ratifica la sanción, ahora queda claro la inocencia de nuestra compañera con la retirada de la sanción.
Este hecho nos lleva a destacar la importancia de la movilización social y de la presión del pueblo ante las causas injustas. De esta manera, hay que poner sobre la mesa que la movilización mostrada, no solo a nivel local o provincial, sino regional e incluso estatal (al igual que desde nuestra organización, por supuesto, pero también otra veintena de grupos y colectivos), ha sido clave para que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuenca decidiera poner fin a esta cuestión. Algo que nos alegra y que nos hace trasladar esa alegría y felicitación por el resultado final a la propia Raquel Iniesta.
Este hecho concreto que ha sufrido nuestra compañera (y que sufren muchas otras personas) es, al fin y al cabo, una mera muestra de la aplicación de la Ley Mordaza, contra la que esta organización lucha y que se ha comprometido a apoyar su derogación. Una Ley que pone en estos “increíbles niveles” las sanciones para conseguir aplacar la justa y democrática protesta social. Una Ley está pensada para asustar y contrarrestar la protesta, acallar a la calle y, con ella, a la ciudadanía, no permitiendo, por la vía de hechos, que la población pueda mostrar su rechazo a la gestión de la economía y la política actual.
Una Ley represora que, a su vez, convierte en represores a todos aquéllos que, aun siendo conocedores de las injusticias que provoca, la mantienen y la ejecutan sin dudar.