Balance del trabajo del Grupo Parlamentario DE IU, ICV-EUiA, CHA. LA IZQUIERDA PLURAL
La X legislatura «pasará a la historia como la de los recortes en derechos y libertades» y en la que el Gobierno del PP «ha abusado del rodillo» de su mayoría
Para La Izquierda Plural, la X Legislatura (2011-2015) “pasará a la historia como la legislatura de los recortes de todo tipo de derechos”, tanto sociales, laborales, como los relacionados con las libertades. A lo largo de estos cuatro años el Gobierno de Mariano Rajoy “ha abusado del rodillo” de su mayoría absoluta en el Parlamento y ha rehusado dialogar con el resto de grupos de la Cámara. El Partido Popular se ha negado sistemáticamente a cualquier tipo de debate parlamentario constructivo, de auténtica discusión o de negociación seria en el Congreso.
Los ‘populares’ impusieron sus políticas de recortes desde el ‘minuto 1’ con un premeditado primer decreto -aprobado por el Gobierno el 30 de diciembre de 2011- con el que tomaron medidas extraordinarias de recortes como la congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la congelación salarial de los empleados públicos, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones con el aumento de sólo un 1%, el recorte de casi 9.000 millones de euros distribuido entre varios ministerios o la congelación de la tasa de reposición de funcionarios.
En cuanto a la utilización de la fórmula del Real Decreto-Ley (RDL) por Mariano Rajoy, si bien el artículo 86.1 de la Constitución establece que el Gobierno podrá utilizar este instrumento legislativo excepcional en casos de ‘extraordinaria o urgente necesidad’, lo cierto es que el Consejo de Ministros ha abusado del mismo sin que hubiera una necesidad justificada. Además, en un contexto de mayoría absoluta, el uso indiscriminado de estos RDL difumina la separación de poderes que debe presidir una democracia parlamentaria, pues es el Gobierno el que legisla y ejecuta.
Los abusos de la mayoría absoluta del PP y del RDL han sido imprescindibles para ejecutar una política de recortes que ha derivado en el rotundo fracaso de la lucha contra el paro, y en el notable aumento de la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Unas políticas que contrastan con el trato de favor otorgado tanto a las entidades financieras, las grandes empresas y las mayores fortunas. Las Cortes Generales han sido un mero ‘títere’ de todas las imposiciones y ocurrencias del Gobierno, del PP, de la CEOE y de la troika.
Respecto al capítulo de recortes, medidas de austeridad y otras iniciativas lesivas para lo/as trabajadores/as, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA ha participado activamente en todas las ‘mareas’ ciudadanas y ha trasladado la mayoría de sus propuestas en forma de iniciativas, plantando cara en el Congreso con los instrumentos a su alcance (enmiendas a la totalidad, interpelaciones, proposiciones de ley y no de ley, resoluciones, preguntas) al retroceso socioeconómico, laboral y al aumento de la desigualdad de oportunidades.
La respuesta del Ejecutivo a las exigencias de la calle y de la izquierda transformadora que ha representado La Izquierda Plural en la Cámara Baja durante toda la legislatura ha sido la aprobación de normas como la reforma laboral, la ‘contrarreforma’ educativa de la LOMCE, el endurecimiento del acceso a las prestaciones por desempleo, la reforma de las pensiones, el ‘hachazo’ a la Ley de Dependencia, la reforma parcial a la anterior ley del aborto, el ‘repago’ farmacéutico y la privatización sanitaria, la imposición de las tasas judiciales o la subida del IVA.
Todo ello ha tenido unos efectos perniciosos en pilares fundamentales de un Estado del bienestar cada vez más jibarizado como son la Educación, la Sanidad, las pensiones, el empleo de calidad o la Cultura. Los ataques no se quedaron ahí y afectaron también a la base del Estado de derecho, con una reforma involucionista del Código Penal, el desprecio a los inmigrantes -las devoluciones ‘en caliente’ en las vallas de Ceuta y Melilla son prueba de ello- o la denominada ‘Ley Mordaza’, con la que se ponía la ‘guinda’ a algo buscado por el Gobierno del PP desde 2011 como era la persecución de la protesta.
La elaboración y aprobación anual de cinco Presupuestos Generales del Estado (PGE) en esta legislatura, incluido el que se busca imponer para 2016 al nuevo Gobierno que surja de las urnas el 20D, han servido al Gobierno como herramienta fundamental de su política. Su fórmula repetida tramitación, rechazando la práctica totalidad de las más de 5.000 enmiendas presentadas por los grupos cada año, ilustra también a las claras lo que han sido estos últimos cuatro años.
La inamovible mayoría absoluta del PP ha apuntalado, con rostro inquebrantable, un Gobierno que ha hecho caso omiso a las reivindicaciones sociales y ha distanciado enormemente el Parlamento de la calle, inundada por ‘mareas’ ciudadanas de todos los colores: blanca, verde, naranja, violeta… con el objetivo de parar unos recortes que afectan gravemente a la estructura social de nuestro país.
Por el contrario, la posición del Gobierno de Rajoy con respecto a las clases acomodadas y las oligarquías económicas y financieras ha sido muy distinta. Así, no han dudaron en poner en marcha una injusta amnistía fiscal promovida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o acudir con dinero público procedente del rescate europeo, tasado en más de 40.000 millones de euros, en ayuda de las entidades financieras corresponsables de la ‘burbuja inmobiliaria’ o de los ‘pelotazos urbanísticos’.
La legislatura ha estado caracterizada también por los escándalos de corrupción que han afectado a altas instancias del Estado y, de forma muy especial, al PP. El ‘caso Bárcenas’ -que finalmente se pudo judicializar gracias a la querella criminal presentada por Izquierda Unida en febrero de 2013- que salpica directamente al entorno más cercano a Mariano Rajoy, el ‘caso Gürtel’ o la ‘operación Púnica’ son sólo algunos ejemplos que el Partido Popular se ha negado sistemáticamente a investigar en el Congreso, pese a las numerosas ocasiones en las que IU, ICV-EUiA, CHA ha pedido la apertura de una comisión de investigación parlamentaria sobre la corrupción y el desastre financiero en el que se sumió al país.
Ante la política de recortes y el ‘austericidio’ ejecutado por el Gobierno, La Izquierda Plural realizó una labor de oposición constante desde el primer momento con su voto en contra de la investidura de Mariano Rajoy como presidente. A través de las iniciativas legislativas, preguntas orales y escritas, y las enmiendas a las leyes tramitadas se ha desarrollado un trabajo de dura crítica, pero también de propuestas:
– En materias tan sensibles como la corrupción, exigiendo la celebración de un Pleno monográfico, la creación de comisiones parlamentarias de investigación, el registro de proposiciones de ley y no de ley contra la corrupción y la mejora de la transparencia de las instituciones y organismos públicos.
– Frente a la reforma laboral, pedimos su derogación, apoyamos la Huelga General y todas las movilizaciones planteadas, y planteamos toda una batería de medidas para la mejora de la calidad del empleo, de las prestaciones por desempleo y de ayuda a autónomos y pymes.
– Ante los desahucios y los problemas de vivienda, dimos la batalla con una enmienda de totalidad al Proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, ya que no pretendía resolver el problema social que hoy supone la falta de acceso a una vivienda digna para millones de personas, sino que supone un paso más en la vulneración de lo previsto, tanto en el artículo 47 de la Constitución como en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
– Contra la reforma financiera y la política fiscal del PP a favor de los más ricos, defendimos todo tipo de iniciativas sobre medidas extraordinarias para la creación de empleo, el estímulo de la economía real y la concreción de una fiscalidad justa y progresiva, demostrando que existe la posibilidad de realizar otra política económica que evite que la crisis la sigan pagando las trabajadoras y trabajadores, que no la han generado. Todas ellas fueron rechazadas por la derecha parlamentaria.
– En cuanto al fraude fiscal, elaboramos y defendimos una enmienda a la totalidad al Proyecto de ley de medidas para intensificar las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal, después de que el Gobierno aprobara su inaceptable amnistía fiscal.
– Criticamos con dureza y nos opusimos a la creación del llamado ‘banco malo’, ideado para limpiar de los balances de las entidades los activos inmobiliarios ‘tóxicos’.
– Nuestras sucesivas enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado se han argumentado en la denuncia de que estas cuentas sirven para profundizar la crisis económica, degradar el empleo y aumentar la pobreza, al renunciar a estimular la inversión pública y el desarrollo de los servicios sociales.
– En el campo de la energía y el medio ambiente, frente a la iniciativa del Gobierno de medidas fiscales para la sostenibilidad energética hemos presentado un texto alternativo con diversas medidas de fiscalidad ambiental estatales, introduciendo, por un lado, reformas ambientales en tributos ya existentes, y creando, por otro, nuevos tributos que graven ciertas prácticas ambientalmente perjudiciales. Paradójicamente, mientras el PP se cargaba las energías renovables, impulsaba el ‘fracking’ o las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo o frente a las Islas Canarias.
– En lo referente a pobreza y exclusión social hemos presentado iniciativas para abordar un plan integral de lucha contra éstas, con medidas como la de asegurar un ingreso mínimo garantizado como derecho subjetivo en el marco de las rentas mínimas.
– Nos hemos opuesto con todas nuestras fuerzas, por lo que de involución en el sistema sanitario supone, a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, al entender que esconde un cambio de modelo sanitario que nos hará retroceder décadas al abrir la puerta a la creación de un importantísimo mercado privado sanitario, introduciendo, entre otras medidas, un determinado ‘apartheid sanitario’ y el ‘repago’ de los medicamentos.
– En materia de igualdad y género, todas las contrarreformas del PP han supuesto un grave retroceso en el avance hacia la igualdad entre hombre y mujeres, y la lucha contra la violencia machista. Los recortes en Sanidad, Educación o dependencia han afectado en mayor medida a las mujeres al ser las principales proveedoras y usuarias de estos servicios públicos.
– Respecto al ámbito de la Justicia, nos hemos opuesto a otra política de ‘repago’ de servicios materializada en la conocida como ‘Ley de Tasas’, que supuso un ataque frontal al acceso a la Justicia como servicio público. Esta medida, que tuvo que ser parcialmente corregida por el Ejecutivo, tiene un dudoso encaje constitucional y sólo se explicaba desde la lógica de recortes sociales y de derechos impuesta por el PP.
– En materia de Defensa, estamos en contra de la simple reproducción por el PP del modelo de defensa diseñado por la OTAN, caracterizado por un doble esfuerzo de reforzamiento del aparato militar y de su presencia en la escena política nacional e internacional, así como por la penetración de prácticas y valores militaristas en la sociedad.
Por último, en cuanto al trabajo desarrollado por los dos senadores de IU por designación de las comunidades autónomas de Andalucía y Asturias, se han esforzado en que quedara claramente identificada la posición política nítidamente de izquierdas de esta formación, a pesar de la dificultad que suponía estar integrados en el Grupo Mixto.
Además, los senadores dieron continuidad a los planteamientos formulados previamente en el Congreso, siendo el grueso del trabajo la defensa de las enmiendas de totalidad (bajo la forma de vetos) y las enmiendas parciales a los diferentes proyectos, en la mayoría de los casos ya planteadas en la Cámara Baja y, en otros, como respuesta a las introducidas en aquella por el PP o al debate producido y a las aportaciones novedosas de organizaciones y colectivos. El mayor esfuerzo lo tuvieron que realizar en torno a los PGE, que conllevaron en torno a un centenar de comparecencias ante la Comisión y la defensa de miles de enmiendas.