Conflicto laboral en las obras de construcción del nuevo Hospital de Toledo

Casi cuarenta trabajadores han sido despedidos de formar irregular dejándoles a deber sus honorarios y en situación de indefensión. Se trata de un nuevo caso de impagos donde los trabajadores son los afectados.

El despido de en torno a una cuarentena de trabajadores y el impago de sus salarios por parte de una de las subcontratas de la UTE que está construyendo el hospital, ha sido la gota que ha colmado el vaso, para que estos hayan iniciado las acciones en defensa de sus derechos de forma colectiva y organizada.

Los trabajadores, que han sido recibidos por miembros de la dirección regional de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, han explicado a la formación las circunstancias que han propiciado esta situación límite y que deja desprotegidos por el momento a un número importante de trabajadores, ya que la mayoría han manifestado que no se han cumplido las obligaciones legales en materia laboral; independientemente de que no hayan percibido el pago de sus nóminas, y por lo tanto, se les adeude jornales.

Por su parte, Izquierda Unida dice que «esto es fruto de lo pernicioso que tienen los modelos de actividad de empresas subcontratadas, unas por otras, donde los trabajadores, como últimos eslabones de la cadena, sufren las consecuencias de los incumplimientos y de las ambiciones interesadas de algunas empresas».

La organización de izquierdas recuerda que esto es «producto del modelo privatizador que se ha elegido para la construcción y gestión del nuevo hospital, el cual se está construyendo con inversión privada a cambio de la concesión de todos los servicios que no son estrictamente sanitarios durante 30 años».

Añadiendo que: “Esto es lo que pasa cuando se eligen modelos de gestión privada; que los grandes beneficiados son las grandes empresas, mientras que los trabajadores primero, y los pacientes después; ven mermados sus derechos tanto laborales como sanitarios”.

Y es que el hospital de Toledo está siendo construido con una financiación privada por un capital en torno a los 240 millones de euros, a cambio de un desembolso por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 60 millones de euros al año durante los 30 años que durará la concesión a las empresas adjudicatarias.

“Un derecho, la sanidad, convertido en negocio” ha concluido.