Daniel Martínez, candidato a las Cortes por Albacete, propone un plan estratégico para crear empleo digno y de calidad en Castilla-La Mancha.
Igualmente Martínez se compromete a conseguir en el primer año de legislatura el objetivo de empleo precario cero en lo público.
Estaría dotado de unos 400 millones de euros anuales, equivale a algo más del 1% del PIB regional, contaría para su planificación y desarrollo con la participación de los agentes sociales y el impacto en la provincia de Albacete supondría recudir a menos de la mitad, en dos años, el total de desempleados/as.
Uno de los objetivos principales de nuestra gestión va a ser que la Comunidad Autónoma junto con los Ayuntamientos y otras entidades locales, se convierta en el motor que impulse en nuestra región a la creación de empleo digno y de calidad.
Además, plantearemos como exigencia política la anulación de las medidas contenidas en las dos últimas reformas laborales, que serán sustituidas en el ámbito de estas instituciones por los resultados de la negociación colectiva, que consideramos prioritaria. Aspiramos a un nuevo modelo de relaciones laborales.
Igualmente, en el marco de la Administración Pública regional proponemos el objetivo “empleo precario CERO en lo público”, no más despidos de interinos y ningún ERE más en las empresas públicas.
EL DECÁLOGO DE MEDIDAS PARA DEFINIR UNA ESTRATEGIA REGIONAL POR EL EMPLEO. Esta es una cuestión central para la próxima legislatura. Consideramos necesario introducir la planificación autonómica por el empleo, dotada de 400 millones de euros adicionales, de forma anual, y con la participación de los sindicatos para adoptar las medidas necesarias tendentes a definir una Estrategia por el Empleo. Partes importantes de esta Estrategia serán:
1.-Un Plan Multisectorial por el Empleo que contemple todas las iniciativas que tengan por objetivo la creación de empleo.
2.-Introducir la perspectiva de empleo en toda la ordenación territorial y urbanística y en los procedimientos de contratación pública.
3.-Diseñar y aplicar las medidas de colaboración con otras administraciones para poner en marcha un Plan de Choque dirigido a parados de larga duración.
4.-Poner en marcha una política especial de empleo juvenil y de igualdad en el empleo.
5.-Crear un observatorio por el empleo con participación ciudadana, sindical y social para seguir la evolución del empleo en el ámbito territorial del que se trate y proponer las medidas adecuadas, con especial hincapié en la situación laboral de la juventud y trabaje en la construcción de propuestas para mejorarla.
6.-Desarrollar en cada ámbito medidas para implantar un sistema de Trabajo Social Garantizado Este plan se materializaría en propuestas concretas como son:
7.-Favorecer las obras de rehabilitación y eficiencia energética de las primeras viviendas residenciales, modernización de las instalaciones eléctricas y de fontanería, mejora de la accesibilidad, aislamiento térmico, ahorro de agua a través del cambio de cañerías e instalación de la doble tubería para agua reciclada, etc.
8.- Planes de inversión en rehabilitación y reforma de los cascos históricos.
Reconstrucción de infraviviendas, viviendas viejas o viviendas construidas con materiales de mala calidad.
9.- Programa de reforzamiento de empleo público en los servicios sociales gestionados por la JCCM: eliminación de la tasa de reposición de empleo público que permita la contratación de trabajadores, en sectores como el educativo (para mejorar la escolaridad de 0 a 3), el asistencial (para asegurar la aplicación de la Ley de Dependencia), o el sanitario (especialmente enfermeras y pediatras para mejorar la calidad de los servicios de salud pública), así como en los servicios tributarios, de justicia, de empleo y de aplicación y vigilancia de la legislación laboral. Consolidación de la carrera profesional en la Administración. Eliminación de la contratación precaria en las Administraciones Públicas.
10.- Recuperaremos los servicios públicos de empleo (SEPECAM), suprimidos por el Gobierno el Regional en el año 2011, y los dotaremos de recursos y capacidad para convertirlos en verdaderas oficinas de empleo, capaces de conectar demandantes con oferentes, y no las “oficinas del paro” en que se han convertido, reducidas a la tramitación de prestaciones.