¿De quién es nuestro agua? Artículo de Opinión.

Los 22 de marzo conmemoramos el Día Internacional del Agua. Para nosotros (IU) sería verdaderamente un día a celebrar si, además, se incluyera al final de esa conmemoración el adjetivo “pública”.

En España, con respecto al resto del planeta, nos encontraríamos con un serio problema, ya que seríamos un país que celebraría este día menos que el resto, ya que somos de los muy pocos países que vamos al contrario de la tendencia global: mientras el resto del mundo trabaja por recuperar la gestión del servicio para la sociedad, nosotros, derrotados en modelos sociales de tintes economicistas, estamos vendiendo este monopolio natural a gigantescas multinacionales.

Izquierda Unida defiende el Derecho Humano al agua y al saneamiento, y que el agua no es una mercancía. Por ello impulsamos la gestión pública del abastecimiento y saneamiento, así como las luchas sociales contra su privatización. Defendemos el acceso universal al agua bajo principios de eficacia social y ambiental y bajo un estricto control democrático. Los gobiernos deben abandonar las aventuras fallidas de mercantilización del agua y la privatización de sus servicios.

Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes tienen que gestionarnos a los vecinos y vecinas que vivimos en esos municipios, por obligación legal: la recogida de las basuras, que las calles estén limpias, que estén iluminadas cuando cae la noche, nos tienen que gestionar el poder beber agua cuando abrimos el grifo y nuestros cementerios. Pues bien, son muchos los ayuntamientos que, al menos, estos dos últimos servicios se prestan por empresas que se lucran y atienden más a su negocio, que al derecho que gestionan. Cuando menos es curioso, aunque no mucho.

Hablar de agua y de negocio lucrativo es ilegítimo para Izquierda Unida. La ONU declaró en el acceso al agua potable en el año 2010 como Derecho Humano Esencial para las personas. Este derecho es el mismo que el que declara el derecho a la Vida de todas y todos. ¿Alguien se atreve a mercantilizar con el precio a la vida? Entonces, ¿Por qué ponemos precio al agua si lo hacemos, si es también un Derecho Humano esencial desde el año 2010?

El agua no es una mercancía con la que hacer negocio. Mercadear con este Derecho Humano solo se entiende, que no se comparte, cuando comprobamos cómo usan los ayuntamientos el “canon concesional” con el que rellenan unas arcas municipales que han sido vaciadas por malas gestiones pasadas o presentes. Las empresas, en momento de penuria económica municipal, llegan a nuestros ayuntamientos para ayudarnos con ese “canon” y un contrato debajo del brazo.

Con el canon las empresas convencen a los gobiernos vagos que prefieren dejar en manos de una empresa la labor por la que han sido elegidos (y recordemos que la ley les obliga). Con el contrato atan las manos municipales durante un largo periodo de tiempo (el necesario para recuperar ese canon más obtener el beneficio empresarial determinado), que es lo mismo que decir que atan la voluntad de la ciudadanía, que atan la democracia para la gestión de un derecho que no es de nadie, que es de todos y todas.

Es muy triste comprobar cómo las leyes avalan las decisiones de estos ayuntamientos vagos: Montoro con sus normas ha decidido que es más legal y más fácil privatizar un servicio, no genera deuda municipal, que gestionarlo por quienes han sido elegidos para ello. Montoro ha decidido, por lo tanto, permitir que lleguen a nuestros ayuntamientos las Púnicas, las Gürtel, las tramas de corrupción que compran voluntades públicas.

Es falso que los privados gestionen más baratos (lo dice el informe del Tribunal de Cuentas, nada sospechoso de ser una organización populista o bolivariana), y es falso que lo hagan mejor (cuando leemos los contratos con los que vienen lo primero que perdemos es el control de la calidad del agua, que queda en la manos de las empresas que deciden cuándo es mala para proponer la obra civil pertinente).

Lo que no resulta falso es que el agua privatizada solo sube de precio para asegurar el equilibrio económico de la concesión (el beneficio de la empresa, sin eufemismos), es que los contratos de obras que tienen que ver con el abastecimiento no se licitan (ya vienen adjudicados en contrato), es que en esos contrato en aras del beneficio empresarial no se permite que nadie deje de pagar, aunque no tenga cómo hacerlo, incluyendo en los contratos las cláusulas más perversas de todas: poder cortar el suministro en caso de impago, sin valorar si no se paga porque no se puede, gracias a una situación económica a la que los malos y vagos políticos nos han llevado. La sociedad ya no pintamos nada en la toma de decisiones, porque son decisiones que se toman en los consejos de administración y no en nuestro ayuntamiento.

París, Berlín, Buenos Aires, pero también Medina Sidonia, Lucena, Valladolid, Almonacid de Toledo, Motilla del Palancar o Ventas de San Julián, son municipios que han apostado por la transparencia, por poner a la ciudadanía al frente de su gestión. La curiosidad es que las localidades antes nombradas de nuestro país han recuperado el servicio cuando la voluntad política ha sido distinta de la privatizadora que generaron los partidos que hasta ahora nos han gobernado. En muchos de esos municipios ha participado Izquierda Unida en el cambio de esa voluntad política. Y no es casualidad.

Apostamos por un modelo social distinto donde los objetivos de los vecinos y vecinas están por encima de los objetivos de estabilidad presupuestaria, que solo son objetivos financieros, no sociales. Apostamos por una gestión directa y 100% pública (no camuflada en partenariados público – privados) para evitar que lleguen a debilitarnos las garras de la corrupción. Eso no es solo un modelo político, es fundamentalmente un nuevo modelo social que nace de la ruptura de la anterior.

Izquierda Unida no trabaja para enmendar los contratos que llegan las mesas de contratación municipales. Lo que no queremos es que haya contratos no queremos tener el agua privatizada por que será un derecho en manos de los poderes mercantiles, de los poderes del capital,  y esto es un recurso natural que nunca debió salir de las manos del pueblo.

Fdo. Txema Fernández

Responsable de Acción Política de

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha