Dos años de cárcel a Moltó por falsear las cuentas de CCM
Izquierda Unida recuerda cómo durante la gestión del expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y exdiputado del PSOE, Juan Pedro Hernández Moltó, desde la organización de izquierdas no se dudaba de las supuestas ilegalidades en la gestión de la de la caja que fue intervenida por el Consejo de Ministros en marzo de 2009.
Al final, el rescate ha costado 9.000 millones de euros de fondos públicos, entre inyecciones de liquidez y avales concedidos por el Estado.
Ya en 2009 Izquierda Unida pedía una comisión de investigación en Las Cortes de Castilla-La Mancha ante la negativa de José Barreda y el conjunto del PSOE castellanomanchego para llevarla a cabo, mientras el PP hacia de vocero aprovechando la situación.
Para Izquierda Unida, lo curioso e hipócrita a la vez, es que el PP que tanto se escandalizaba por la situación de la caja y las imputaciones de sus directivos por parte de la Justicia, al llegar al gobierno de nuestra región con Mª Dolores de Cospedal como presidenta, no pusiera en práctica el sentido de la coherencia y de compromiso con la palabra dada por la presidenta, y no ordenara la creación de la comisión de investigación parlamentaria de CCM.
La razón del porqué ni Barreda, ni Cospedal, ni García-Page han querido bajo ningún concepto investigar políticamente la quiebra de la caja, se explica con la relación implícita que existe entre las causas de la crisis económica y las propias políticas del PSOE y PP, que han propiciado y promocionado que las consecuencias de dicha crisis las padezcan la mayoría social de nuestra región.
Para Izquierda Unida, independientemente de la sentencia que condena a Juan Pedro Hernández Moltó, la pregunta es: ¿Qué ha habido detrás de la quiebra de CCM que el PP y el PSOE hayan optado por “no mover” el asunto?
Ahora los castellanomanchegos tenemos que hacer frente al pago de los 9.000 millones de euros (billón y medio de pesetas) y a los criterios para devolverlos, que como se ha evidenciado en los presupuestos regionales aprobados recientemente, nos avocan a una región sin futuro social, en retroceso económico y anclada en el pasado sin oportunidad de aspirar a poder ofrecer a sus habitantes un bienestar social digno con servicios públicos y empleo de calidad.