Izquierda Unida exige a la Junta de Comunidades el pronto pago de las ayudas al alquiler
El artículo 47 de la Constitución Española, expone que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. En Castilla-La Mancha se ha propuesto una serie de ayudas al alquiler para beneficio de colectivos en situación vulnerable, asociaciones y jóvenes. Estas ayudas se encuentran actualmente en un “limbo administrativo”, puesto que el Gobierno Regional lleva todo el año 2018 y el primer trimestre del 2019 sin pagar las anunciadas ayudas al alquiler.
Para la responsable del Área de Mujer de IU CLM, Isabel Álvarez: «Se trata de una medida efectista, que se une a las 1.000 o 2.000 promesas realizadas por Emiliano García-Page durante esta legislatura. A su ejecutivo le resulta imposible de cumplir, porque tal y como ha venido denunciando Izquierda Unida, no tiene presupuesto para asumir tanta promesa diaria».
“Cuando la vivienda es un derecho constitucional y básico para los ciudadanos, no se puede jugar con las ilusiones de miles de familias que llevan año y medio esperando a estas ayudas”, a lo que ha añadido que: “Estas familias tienen que comprometer su salario y sus ingresos precarios en el pago de un alquiler al que se comprometió a ayudar la Junta y que no llegó el año pasado y que tampoco parece llegar este”.
“Se cierra un peligroso círculo vicioso que afecta a la supervivencia de muchas familias, donde la Junta de Comunidades no concede ayudas a la vivienda, no concede dinero suficiente para pagar al personal que gestiona estas ayudas a la vivienda y somete a beneficiarios como a aquellas unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de violencia de género, de terrorismo, afectadas por situaciones catastróficas, a personas con discapacidad entre otras situaciones, a una presión mensual difícil de aguantar, a vivir en muchos casos en situaciones de pobreza y franca supervivencia a la límite”, ha explicado Álvarez.
Por otro lado, Miguel Ramírez, responsable de Vivienda de IU CLM, ha explicado que: «El problema de esta política de ayudas al alquiler es que ha servido para una mayor renta del propietario y no una rebaja para el inquilino, al igual que ocurrió con las ayudas a las VPO de promoción privada. Para intervenir en el mercado de la vivienda y que su precio se adapte a las posibilidades reales de los inquilinos es movilizando el parque de viviendas en stock, empezando por el de la SAREB y también implementando una intermediación pública en la vivienda que garantice derechos a propietarios y a inquilinos».
En estas ayudas están incluidas personas con especial vulnerabilidad y asociaciones que realicen actividades en el tercer sector. Es el mismo tercer sector el que está demandando un aumento de las subvenciones que reciben de la Junta para poder hacer frente al pago del salario mínimo a todo su personal, ese tercer sector que además es el encargado de gestionar como llegan estas ayudas a las personas.
Para Ramírez: «El tema de fondo sigue siendo la precariedad laboral y los salarios de miseria y, por si esto fuera poco, las administraciones han renunciado a la promoción pública de viviendas o se la han encargado a fondos especulativos, al igual que han abandonado el parque de viviendas públicas en alquiler. El gobierno de Page ha caído en el error de sólo intervenir con las ayudas de alquiler, que ya se han demostrado ineficaces, pero queda otro abanico de medidas que pueden movilizar suelo, empleo y mejoras reales para la sociedad».
Desde Izquierda Unida avisan que a pesar de que los listados provisionales aparecieran en diciembre con la concesión de dichas ayudas, no quiere decir que hayan llegado a las familias y estas siguen a la espera de poder hacer frente a los pagos de fin de mes que han tenido que derivar para pagar su vivienda.