IU Albacete exigirá un referéndum ciudadano para aplicar los acuerdos CETA entre la UE y Canadá.
IU Albacete se opone a la desregulación y pérdida de derechos que supone el reciente Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA) firmado entre la Unión Europea (UE) y Canadá.
El CETA fue firmado el pasado mes de octubre entre la Unión Europea y Canadá, negociado con enorme secretismo y aprobado por el Parlamento Europeo el 15 de este mismo mes con el apoyo de la ‘Gran Coalición’ de PP, PSOE y Ciudadanos y la oposición de IU.
Tras ser aprobado el 15 de febrero de 2017 por parte del Parlamento Europeo con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones, elCETA será aplicado de manera provisional hasta que lo ratifiquen el conjunto de los parlamentos estatales de la Unión Europea. Es la primera vez que las instituciones europeas recurren a este tipo de aplicación provisional
El CETA se disfraza de un acuerdo tarifario para eliminar aranceles, que ya son mínimos entre Canadá y los estados de la UE. Sin embargo, el acuerdo va más allá y supone reconfigurar todo un conjunto de normas sociales, jurídicas, laborales y medioambientales que regulan la actividad empresarial, porque el verdadero objetivo es facilitar el enriquecimiento privado de las empresas con sede en la Unión Europea y en Canadá, y para ello se modifican y relajan la regulación que, para mejorar la calidad de vida de la mayoría, pone límites a la libre actuación de la empresa.
De esta forma, se abren las puertas a la reducción de derechos laborales y estándares sanitarios, o el aumento de la capacidad de contaminar, entre otras cuestiones que hoy los estados regulan y que corren el riesgo de desaparecer.
Entre los peligros que supone el CETA destacan los llamados tribunales de arbitraje, en los que las multinacionales podrán denunciar a los estados por hipotéticas perdidas económicas si se aprueban normas democráticas, lo que supone todo un chantaje a la democracia y su subordinación al interés económico. Además incluye la Cláusula Rachet, presente en otros acuerdos de la UE, que impide que servicios que hayan sido privatizados vuelvan a estar bajo control público.
La Comisión Europea (CE) estima que hasta la mitad de la actividad económica que pueda generar el CETA proceda del comercio de servicios. Para esto, es imprescindible que sectores privatizados o en proceso de serlo como los servicios financieros, las telecomunicaciones, la energía o el transporte, que son los destacados por la propia CE, estén completamente en manos de las multinacionales. Esto, unido a la Cláusula Rachet que impide la reversión de privatizaciones, blinda el negocio de unos pocos a costa de los derechos de la mayoría.
De aprobarse el CETA, la legislación en materia medioambiental pasaría a considerarse un obstáculo a las inversiones y los beneficios de las grandes empresas.
Además, el tratado favorecerá un modelo de agricultura y ganadería extensivas a través de la eliminación de cualquier tipo de barrera a la importación y exportación. De esta manera, se dificultará la producción a pequeña escala, destruyendo el tejido rural, y se favorecerá el consumo de productos producidos en masa en territorios a menudo lejanos, lo que produce graves consecuencias a nivel de emisiones a lo largo de todo el proceso de producción y distribución.
Desde IU rechazamos completamente el CETA, así como el resto de tratados del libre comercio que la UE está negociando ahora mismo como el TTIP y el TiSA. Buena parte de la actividad política de nuestra delegación en el Parlamento Europeo se centra en la lucha contra este tipo de tratados.
IU Albacete exigirá que la ratificación del CETA en el Estado español sea mediante un referéndum en el que participe toda la ciudadanía, no sólo mediante un decreto del Gobierno o de una votación en el Congreso de los Diputados, porque un acuerdo que afecta de manera tan profunda a la soberanía y a la legislación, debe tener en cuenta la opinión de todos los ciudadanos y ciudadanas.
