Izquierda Unida Castilla-La Mancha

IU pregunta sobre prácticas abusivas e ilegales en los colegios privados-concertados de la región

Toledo, 23 de noviembre de 2021.

El Área de Educación de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha registrado una batería de preguntas dirigidas a la Consejería de Educación y al Gobierno autonómico sobre las prácticas abusivas e ilegales que se producen en los colegios privados-concertados.

La formación de izquierdas ha subrayado el Estudio de precios de colegios concertados, impulsado por CICAE y por CEAPA, en el que destacan que estas escuelas privadas en España continúan aplicando la práctica de exigir el pago de cuotas estables a las familias. Un estudio realizado en 338 centros de 7 Comunidades Autónomas en el que determina que la media de matrículas del curso 2021-2022 en Madrid son 133 y en Euskadi 84 euros.

Según señala Natalio González, responsable del Área de Educación de IU C-LM: “No aparece ningún dato de Castilla-La Mancha en este estudio y tras haber consultado varias fuentes de información sobre esta problemática, incluida las dependientes de la Consejería de Educación y sus Delegaciones provinciales, no hemos obtenido ninguna información al respecto”.

“Dicho estudio confirma que el 77% de los centros consultados cobra una cuota base obligatoria y un 45% de estos ni siquiera entrega hojas de precio” asegura González.

Todo esto señala el responsable de Educación IU C-LM “contradice la normativa educativa vigente en España, el artículo 88 de la LOMLOE y artículos 14 y 15 del Real Decreto 2377/1985 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos educativos, que señalan que en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades de las familias por recibir enseñanzas”.

“Esta misma normativa fija la prohibición de imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios que requieran ningún tipo de aportación económica, salvaguardando aquellos servicios que sean voluntarios. Además, la última reforma educativa, la LOMLOE, es contundente a la hora de impedir el cobro de cuotas obligatorias por actividades realizadas dentro del horario escolar” ha declarado Natalio González.

Según señala Izquierda Unida “esta situación no es nueva”, sino que “desde hace muchos años se viene dando esta práctica abusiva y en fraude de ley que realizan algunos centros educativos privados con concierto público”.

De esta forma, el Área de Educación de IU C-LM ha preguntado a la Consejería de Educación sobre su opinión de que “haya centros educativos privados sostenidos con fondos públicos que no cumplen la legislación vigente aplicando este tipo de cuotas”, además de preguntarle si “han impulsado, a través de la Inspección Educativa o informando a las Delegaciones Provinciales de Educación, alguna investigación o actuación sobre estas prácticas”.

También sobre el número de expedientes sancionadores que se han abierto en los últimos diez años directamente por la Consejería de Educación, o por sus Delegaciones Provinciales, en el ámbito de sus competencias contra los centros educativos privados concertados que practican este cobro de cuotas ilegal.

Izquierda Unida además pregunta sobre si la Consejería de Educación “tiene prevista alguna iniciativa o medida para proteger el derecho de las familias que matriculan a sus hijos e hijas en las escuelas privadas concertadas y evitar este tipo de prácticas abusivas, garantizando que se cumpla la legislación vigente en cuanto al cobro de cuotas por parte de los centros privados concertados se refiere”.

Por último, González señala que “la Constitución Española no ampara los conciertos educativos, la libertad de enseñanza recogida en su artículo 27 concreta la posibilidad de creación de centros privados para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones, pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución la posibilidad de que la red privada deba ser financiada con fondos públicos”, a lo que ha preguntado que “por qué se mantiene esta interpretación abusiva de que el Estado está obligado a otorgar la gratuidad en la educación en centros privados cuando la Educación es un bien público”.