Izquierda Unida aclara que “no hay que estar en las instituciones para mejorar contratos privados, sino para gestionar los servicios públicos con criterios sociales y no mercantiles”
El responsable de Política Institucional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha aprecia que “si desde 2009 no hemos recuperado el nivel de inversión y en 2022 reducimos en 45 millones el presupuesto de Sanidad, nos encontramos con un sistema sanitario que no cuida ni a usuarios ni a profesionales”
Izquierda Unida Castilla-La Mancha defiende un sistema sanitario público universal, equitativo, de calidad y sostenible porque la Salud es un derecho social fundamental. Por ello, en la celebración del Día Mundial de la Salud la formación ha recogido firmas, en el barrio de El Polígono, para lograr una gestión eficiente y eficaz en el ámbito sanitario.
Y puesto que la región es la única a nivel nacional que no ha recuperado el nivel de gasto social que tenía en el año 2009 – aún le falta por recuperar 1 de cada 5 euros de inversión-, Txema Fernández insiste en denunciar “la pérdida de 45 millones en el presupuesto para Sanidad, una tendencia que marca un modelo que propicia que los ciudadanos “tengan que esperar 286 de media para someterse a una cirugía, encabezando así las listas de espera quirúrgica natural y situándose muy por encima de la media en primera consulta”.
Este modelo, apunta el responsable de Política Institucional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, es que el que ha permitido construir a una UTE empresarial un Hospital Universitario en Toledo, a la vez que se le concedían a esas empresas la gestión de los servicios no sanitarios “durante 30 años, con un canon fijo de 30 millones de euros al año y otro variable de otros 30 millones al año, lo que permitirá tener un volumen de negocio de 1.800 millones de euros”.
El mismo sistema que decidió “licitar al mejor postor la gestión del transporte sanitario terrestre por importe de más de 240 millones de euros al año”, cuando “se ha mostrado ineficaz, ya que no garantiza la prestación del servicio en las mejores condiciones laborales, tal y como han reivindicado las plantillas de este servicio”.
Txema Fernández explica que “mientras que en 2013 la financiación pública para los conciertos con clínicas privadas llegaba a los 133 millones de euros, en 2019 ese coste ha llegado hasta los 149 millones”, a lo que se une “la privatización de los servicios no sanitarios del Hospital de Toledo, en el que se paga todo aparte, incluido el parking a precios de calles principales de Madrid”.
“Toledo, Cuenca y Guadalajara son tres de las 12 provincias españolas en las que no se ha practicado ningún aborto en los últimos cinco años”
Este es el modelo que sigue impidiendo, asegura el responsable de Política Institucional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, “Toledo, Cuenca y Guadalajara son tres de las 12 provincias españolas en las que no se ha practicado ningún aborto en los últimos cinco años”. Se debe a que esta prestación “no es cubierta ni por clínicas privadas ni por la Sanidad Pública”. De hecho, la interrupción voluntaria del embarazo sólo se practica en dos clínicas concertadas: una en Miguelturra y otra en Albacete. Ante ello, Txema Fernández denuncia que “Castilla-La Mancha vulnera los derechos de las mujeres que quieren abortar, ya que la ley recoge claramente que la prestación debe estar incluida en la cartera de servicios regionales”.
Por último, el responsable de Política Institucional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha se refirió a las cifras de investigación y formación al apuntar que si en 2011 se invirtieron “9.500 millones de euros, en 2019 fueron 6.200 millones·”. Lo mismo ha ocurrido con los Servicios Primarios, “un modelo que huye de prestar un servicio garante de derechos sociales y que ha reducido su dotación de los 472 millones invertidos en 2010 a los 405 millones de 2019”.