Izquierda Unida denuncia las condiciones de las clase trabajadora en Castilla-La Mancha
En Toledo se ha denunciado la situación del personal dedicado a la hostelería, la situación del personal de las contratas en administraciones públicas y los trabajadores de la empresa SADA.
Con el marco de la campaña federal de Izquierda Unida “Que no nos jodan la vida” de fondo, en Castilla-La Mancha la dirección regional de la formación ha denunciado en las cinco provincias las precarias condiciones en que se encuentran muchos trabajadores y trabajadoras en nuestra región. “La convocatoria viene marcada por la situación de esclavitud que han denunciado los propios temporeros agrícolas que llegan a nuestra tierra en estos días, pero hemos detectado, y esto queremos denunciarlo, que la clase trabajadora lleva sufriendo condiciones de precariedad durante mucho tiempo”, ha declarado Juan Ramón Crespo, coordinador regional de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha.
Continuaba Crespo afirmando que “la dinámica más peligrosa para los trabajadores y trabajadoras es caer en la trampa de adormecernos a la hora de reivindicar nuestros derechos pensando que otros malviven peor que nosotros, con peores condiciones y con más precariedad”, a lo que añade que “la precariedad en nuestra Región está provocando que tengamos una clase trabajadora pobre, sin un proyecto de vida digna”. “Venimos a denunciar, que el cuerpo legislativo del país permite condiciones laborales pensadas solo para el beneficio empresarial y a la vez ha creado una nueva clase social que debemos denunciar, la clase trabajadora pobre”, manifestó el coordinador regional.
Txema Fernández, responsable de Acción Política de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, iniciaba su intervención hablando de los ordenanzas del Museo del Ejército: “cuando las condiciones laborales las impone el tejido empresarial privado, nos resulta indignante; pero cuando es la propia administración pública con fondos de todos y todas la que lo permite y lo firma, el sentimiento es de vergüenza.” Fernández continúa afirmando que “gracias a un pliego de condiciones que solo pensaba en el beneficio empresarial, permitió que después de muchos meses sin cobrar la plantilla contratada, se terminara por cambiar la empresa sin posibilidad de subrogación, dejando en la calle a muchas familias que, en su desesperación, han llegado a enfermar ante la impotencia del trato que nuestra administración pública los brindaba.”
“No queremos negociar mejoras contractuales en los pliegos de privatización, queremos eliminar esos pliegos que precarizan las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en pro del beneficio empresarial. Esperemos que se reconsidere la oferta que la administración regional ha hecho a las empresas constructoras del Hospital de Toledo que permite privatizar los próximos 30 años los servicios no sanitarios del hospital, ya que nos tememos que las condiciones no sean las que se merece la clase trabajadora”, concluía Fernández.
Toledo en estas fechas está celebrando los fastos del 30 aniversario de la declaración de ciudad Patrimonio de la Humanidad, lo que dicen atrae más riqueza en forma de turismo. “Este turismo está soportado por unas trabajadoras, en su gran mayoría, que tienen turnos de trabajo interminables, con salarios que pujan a la baja, que no permiten ninguna planificación ni conciliación de la vida familiar y laboral y que viven bajo la permanente amenaza de contratos temporales, de duración muy corta vinculados a la ocupación turística, que impide el desarrollo de una vida laboral digna”, ha declarado Olga Ávalos, responsable de Estrategias para el Conflicto de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, que también denuncia que este colectivo de trabajadores mantiene una de las tasas de temporalidad y de contratos por horas más altas del sector, provocando una tasa de precariedad insostenible.
Y esta precariedad tiene otra cara en los despidos que, por ejemplo, están sufriendo la plantilla de SADA, situada en Lominchar: “es inadmisible que después de años de enormes beneficios empresariales en los que la brecha entre beneficio empresarial y salarios dignos se ha ido alejando, nos encontramos con 270 despidos de compañeros y compañeras que solo se les ha ofrecido la posibilidad de traslado a Lleida sin garantías laborales”, concluía Ávalos.
“No permitiremos que la sociedad se anestesie ante una situación que parece que solo ocurre a temporeros de la agricultura y no convive con nosotros y nosotras en nuestros entornos cercanos. No nos vamos a cansar de denunciar lo que hacen las empresas privadas con el beneplácito del cuerpo legislativo creado por el PP y el PSOE y sus reformas laborales, pero tampoco lo que hace la administración pública, primera garante de los derechos ciudadanos que parece olvidar”, concluía Juan Ramón Crespo, coordinador regional de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha.