La suspensión del ‘canon’ del agua a la razón a Izquierda Unida Castilla-La Mancha que ya denunció que era “una tasa que iba a ser costeada por los ciudadanos”
Juan Ramón Crespo, coordinador regional de Izquierda Unida, alertó ya en 2020 de que la aplicación del nuevo ‘canon’ iba a incrementar la factura del agua a las familias porque, en realidad, era una tasa. También denunció que el Gobierno regional lo estaba justificando bajo el falso argumento de que serviría para acondicionar instalaciones, cuando estas intervenciones deben financiarse con los Presupuestos Generales y no con tasas.
El anuncio, por parte del presidente del Ejecutivo regional de la suspensión del denominado canon del agua debido a la situación de inflación actual, confirma las sospechas denunciadas ya en 2020 por Izquierda Unida Castilla-La Mancha sobre la verdad de un ‘canon’ que, en realidad, era una tasa que desde el Gobierno se justificaba con el falso argumento de que la recaudación serviría para ejecutar inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la región y para la mejora de los ecosistemas acuáticos
Pues bien, la decisión apuntada por García-Page viene a dar la razón a Izquierda Unida C-LM que, cuando se presentó el anteproyecto de la Ley de Agua, ya avisó de que la intención real del texto legislativo era cambiar el modelo productivo agrario regional y pasar de uno de secano -que debería ser el preferente en una región seca y cada vez más afectada por los rigores del cambio climático- hacia un modelo de regadío, eso a pesar de lo insostenible que puede resultar ese modelo para el medio ambiente y el uso del agua como recurso que lo sustenta.
En el propio texto de la Ley de Agua se dice que «la Consejería de Agricultura tendrá toda la potestad para decidir sobre las obras de regadío», por lo que desde la formación se entendía que no era el momento tanto por la crisis climática como por las directrices de la Agenda 2030 sobre el cambio a un nuevo modelo que resultaría insostenible.
Izquierda Unida siempre ha sostenido que el agua es un derecho fundamental que no debe tratarse como una mercancía. De hecho, se analizó la situación en torno al desarrollo sostenible, el medio ambiente y el cambio climático, y se propuso la modernización de los regadíos existentes bajo la premisa del estricto cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y las directivas europeas y españolas sobre el agua, río y humedales. En este punto, Izquierda Unida Castilla-La Mancha solicitó el regreso de la Dirección General del Agua a la Consejería de Desarrollo Sostenible, ya que desde la Consejería de Agricultura la visión será la del cambio de modelo productivo.
En octubre del 2020 Izquierda Unida de Castilla-La Mancha avisó que los vecinos y vecinas de Castilla-La Mancha iban a pagar ese cambio con una nueva tasa que afectaría a las economías familiares y que era un error que ese documento legislativo naciera antes que el Pacto del Agua estuviera cerrado. En ese momento se estaba tratando de incluir la propuesta de IU C-LM centrada en la consideración del agua como un derecho humano esencial y, por lo tanto, evitar mercantilizarlo para no tener ninguna justificación ni posibilidad de cortar el suministro en caso de impago, que con esta nueva tasa sería más probable.
La transición a un nuevo modelo agrícola pasa por políticas de uso eficiente del agua, no por intensificar su uso con fines mercantiles y lucrativos, si bien ese no parece ser el objetivo de otros partidos que se han subido a las demandas que Izquierda Unida inició en octubre de 2020, porque sus formaciones no sólo no se plantean cerrar el trasvase Tajo-Segura, que es el elemento modificador más importante de las masas de agua regionales, sino que lo alientan y defienden cuando ese trasvase acaba con el agua sobre subvencionada en otras regiones.