Izquierda Unida Castilla-La Mancha

“No podemos mirar para delante si mantenemos a más de un tercio de los castellano-manchegos en situación de pobreza.”

La formación ha valorado los datos que indican que el 35% de las y los castellano manchegos están en situación de pobreza, porcentaje que crece a más de la mitad en ciertas circunstancias.

Medianero: “No se puede pretender hablar de salida de crisis mientras un tercio de la población vive en riesgo de exclusión social.”

(Cuenca, 29 de junio de 2016) “no podemos pretender construir nada, ni es posible hablar de salida de la crisis sin ruborizarse, mientras mantengamos un 35% de personas en la región que están en situación de pobreza. Esto se ataja o terminaremos siendo una región fallida más pronto que tarde.”

En estos términos se ha expresado el Coordinador Provincial de IU en Cuenca y responsable de IU-CLM, Jacobo Medianero, que ha valorado el informe de la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social que arroja datos como que el 35% de los castellano-manchegos viven en situación de pobreza o de exclusión social y, además, este porcentaje crece al 50% en casos de familias monoparentales.

Para Medianero, “urge la creación de un plan, de una estrategia para combatir esta situación y reducir estas tasas que tienen que causar indignación. El gobierno regional tiene que poner todos los activos disponibles para conseguir que ese 35% pase a 0%. Además –ha continuado- hay que actuar en los casos ya registrados en esta situación y, sin duda, hay que poner en marcha medidas para evitar que más personas puedan engordar esos porcentajes.”

“A los problemas habituales de este sistema tenemos que añadir que muchos de esas personas en situación de pobreza tienen empleo, lo cual abre un nuevo paradigma al que enfrentarse y se puede hacer, de entrada, aumentado los salarios mínimos y trabajando por la estabilidad en el empleo.”

Por último, el conquense cree que “medidas como la Renta Básica Garantizada que sea percibida por quienes disponen de ingresos inferiores al 70% del SMI, modulado según la unidad de convivencia y que esté financiado al 100% el gasto desde los presupuestos generales del Estado.”