Izquierda Unida Castilla-La Mancha

IU por la libertad de decidir, la autonomía de las mujeres y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

“Fuera vuestros rosarios de nuestros ovarios”

El proyecto de ley que el gobierno aprobó el pasado viernes para impedir el aborto voluntario, supone un lamentable retroceso en la libertad de las mujeres y un ataque brutal a los derechos sexuales y reproductivos. Esta decisión del gobierno del PP cuenta con el rechazo de la mayoría social y debe ser contestado desde todas las instancias políticas, sociales y sanitarias. Las mujeres españolas y el conjunto de la sociedad no podemos consentir que los sectores ultraconservadores e intolerantes que forman parte del PP tomen nuestros derechos y libertades como rehenes de sus equilibrios internos.

El PP que no ha cumplido sus promesas electorales, en general, con esta medida nos devuelve a la España antidemocrática cuando la anticoncepción no estaba garantizada, los embarazos no deseados estaban a la orden del día y a las mujeres se las trataba como permanentes menores de edad a las que había que proteger o tutelar. En esos tiempos, hace más de 30 años, el aborto era clandestino y por tanto, inseguro. Suponía jugarse la libertad, la salud y hasta la vida. Miles de mujeres se veían abocadas al turismo sanitario a Holanda, Londres u otras ciudades europeas. Miles de mujeres reivindicábamos: “Anticonceptivos para no abortar, Aborto libre para no morir”.

El Consejo de Ministros del PP, con el Titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a la cabeza, ha dado su visto bueno al proyecto de reforma de la ley del aborto que, además de eliminar los plazos de la actual ley, aprobada en 2010, volverá a un sistema de supuestos similar al de la ley del 85, entre los cuales, se limitará el referido a la malformación fetal y se mantienen los supuestos despenalizadores por violación y por riesgo para la salud física y psíquica de la mujer, aunque con más obstáculos y restricciones para acreditar la situación.

Esta propuesta de ley es una de las más restrictivas de Europa. Se opone a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos y de salud (OMS, ONU Mujeres, Consejo de Europa, etc.). Atenta contra la libertad y dignidad de las mujeres y supone la imposición de la moral ultracatólica de una minoría al conjunto de la población. Su aprobación supondrá el fin de la libertad de decisión de las mujeres en los plazos que actualmente permiten interrumpir un embarazo libremente, hasta las 14 semanas, y el fin de la norma que permite abortar a las jóvenes de  16 a 18 años sin la obligación de contar con la autorización paterna y materna.

La actual ley de salud sexual y reproductiva y de IVE, vigente desde 2010 fue ampliamente reclamada y, aunque mejorable en su puesta en marcha, está funcionando razonablemente bien, sin generar conflictos y con buenos resultados en los indicadores de salud. No hay razón social para modificar tal normativa, sólo en clave ideológica partidista puede entenderse esta iniciativa: había que poner sobre la agenda política otros temas para que no brillen tanto los registros de la sede del PP, la extensión de la corrupción y los procesos a líderes del partido del gobierno o el fracaso continuado en materia de política económica del gobierno de Rajoy.

La propuesta de Gallardón, que supondrá un grave retroceso en el avance de los derechos y la libertad de las mujeres, mantiene que el aborto voluntario es un delito, aunque despenalizado parcialmente. Se dice que ninguna mujer irá a la cárcel por un aborto voluntario, porque se va a despenalizar para las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo, pero hay que advertir que, en todo caso, se trataría una despenalización parcial, ya que sería delito y se exponen a la cárcel los y las profesionales de salud que asistan a las mujeres y, por tanto, será un arma para impedir el ejercicio de este derecho: la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) en caso de embarazo no deseado.

Hacemos un llamamiento a la sociedad en su conjunto a participar activamente en las convocatorias de denuncia y movilización que en las próximas semanas se realicen en las diferentes ciudades del Estado.

Izquierda Unida se movilizará activamente en contra de dicha reforma y por la defensa del derecho al aborto, libre, gratuito, en la red sanitaria pública y fuera del Código Penal. Animamos a la rebeldía, la confrontación pública, a la unidad de acción entre el movimiento feminista, los partidos políticos de la oposición y todas las personas que están convencidas de que no se debe obligar a ninguna mujer a ser madre contra su voluntad. Hay que evitar la entrada en vigor de la ley, rebelarse y bloquear su puesta en marcha y, en todo caso, cambiarla cuanto antes conformando una alternativa de gobierno que haga imposible esta “ley de maternidad forzosa y de desprecio de la autonomía de las mujeres”.

 

 

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