Desmontando mitos sobre la educación pública, la libertad de elección de las familias, y otros. Artículo de Opinión.

Leo en redes sociales algunas reacciones del PP ante mociones que se presentan en ayuntamientos para conseguir un pacto por la educación consensuado con la comunidad educativa, y así evitar los vaivenes que nuestro sistema educativo sufre cada vez que se produce un cambio de gobierno en nuestro país al propiciar, también, una modificación de las leyes educativas, con el consiguiente perjuicio para el propio sistema, para los sectores de la comunidad educativa y para la ciudadanía en general.

Lo que más me sorprende de los comentarios que se vierten no es la falta de apoyo de los concejales del PP a estas mociones, pues su ideología neoliberal de “más mercado y menos Estado” se articula en que todo se puede comprar y vender, también la educación, sino las afirmaciones que manifiestan sobre aspectos de la educación sin ningún rigor, basadas en ocurrencias, prejuicios retrógrados, o el desconocimiento teórico y práctico del ámbito educativo.

Da igual, hay que generar “opinión” sobre la educación, aunque sea sin argumentos contrastados y constatados, desde la más absoluta ignorancia sobre los temas a comentar.

El discurso que generan estos “opinadores” es confuso, pues mezclan temas distintos como “la pluralidad de la educación en España”, “la libertad de los padres para la elección de centro”, “la necesidad de un pacto educativo”, “la enseñanza privada concertada” o “el coste del puesto escolar en la enseñanza privada concertada y en la enseñanza pública”. Y esta práctica del PP no es nueva, se trata de tergiversar el debate con el objetivo de construir “mitos educativos” que conviene aclarar y desgranar.

Acerca de la pluralidad de la educación en España, imagino que las aseveraciones de los “expertos” del PP se refieren a la coexistencia de los tres tipos de enseñanzas de nuestro país, en relación a la titularidad de los centros en las que se imparten, a saber: enseñanza pública, enseñanza privada (ambas desde la dictadura franquista) y enseñanza privada concertada (a partir de la “transición democrática”). Sobre estas enseñanzas, solamente una aclaración: cuando se haga referencia a la “enseñanza concertada” no hay que olvidar añadir el concepto “privada”, es decir, se denomina “enseñanza privada concertada”. Porque es preciso matizar que se trata de empresas de titularidad privada que reciben fondos públicos, empresas que se dedican, como otras tantas, a obtener beneficios, en este caso mercadeando con la educación.

Al hablar de la enseñanza privada concertada no hay que olvidar que su origen fue un proceso de financiación pública de las escuelas privadas, consolidado por el gobierno de Felipe González (PSOE). Hasta entonces, los “conciertos educativos” tenían un carácter transitorio y subsidiario, pues su objetivo era cubrir la demanda educativa allí donde la red pública no la podía satisfacer, debido al retraso de inversión educativa heredada de la dictadura franquista y al fuerte crecimiento demográfico de los años 60. Y desde esta consolidación, el proceso de desvío de fondos públicos a la enseñanza privada ha aumentado de forma exponencial, sobre todo en los últimos años, con la consiguiente disminución de la inversión en la enseñanza pública. (Datos de España sobre la financiación de la educación: indicador internacional, 7% del PIB; año 2006, 5% del PIB; año 2009, 4,9 del PIB; año 2012, 4,7% del PIB; año 2015, 4,2% del PIB; año 2016, 3,9% del PIB; año 2018, 3,7% del PIB).

La privatización de nuestro modelo educativo se debe a una connivencia entre quienes gestionan lo público y quienes defienden sus interese privados. “Y los últimos datos en España indican que no es un mal negocio. Según el Instituto Nacional de Estadística (curso 2009-2010), plena época de crisis, la enseñanza privada generó unos beneficios corrientes de 674 millones de euros, un 13,1% más que en el curso 2004-2005. La enseñanza privada no universitaria incrementó sus beneficios en un 7,4%, mientras que la educación privada universitaria lo hizo en un 32,1%”. (Fuente: “Qué hacemos con la Educación”. Agustín Moreno y otros. Madrid-2012).

En cuanto a la libertad de elección de las familias, los partidarios de la privatización de la enseñanza se escudan en la “libertad de elección” como derecho de las familias a elegir el centro que quieran, argumento razonable que deja de serlo cuando se equipara la preferencia de elección del centro con el derecho fundamental a la educación. La Constitución no recoge que el Estado esté obligado a dar la gratuidad en centros privados por el mero hecho de que las familias elijan centros distintos de los creados por los poderes públicos (sentencias del Tribunal Constitucional avalan que “los recursos públicos no han de ir, incondicionalmente, donde vayan las preferencias individuales”).

Por tanto, el principio constitucional del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza no se refiere en ningún momento a la preferencia de elección del centro educativo, sino que hace referencia a la capacidad de creación de centros o a la libertad de cátedra. La libre elección de centro escolar es una manifestación de preferencia particular y de renuncia expresa a una plaza pública de las familias, y no un derecho que el Estado debe garantizar mediante fondos públicos. Según esto último, la libertad de elección es un privilegio y no un derecho de todas/os, además de una estrategia para situar la educación dentro del proceso de privatización del mercado para extender la enseñanza privada concertada.

Sobre los datos que se ofrecen del coste del puesto escolar en la privada concertada y en la pública, sencillamente decir que son falsos. ¿Cuáles son las fuentes o estudios que los avalan? ¿Los informes que presenta la patronal de la enseñanza privada y concertada?

En este debate, y según distintos informes y estudios, es evidente que los partidarios de la privatización de la enseñanza defienden la educación como mercancía, no como derecho universal. Y es evidente que han fabricado un mito interesado sobre la creencia infundada de que en educación, lo privado es más rentable que lo público.

Los centros concertados son bastantes más caros para las familias. Encuestas sobre el gasto de los hogares en educación (INE-2009; INE-2012 …) señalan “que las familias que escolarizaron a sus hijas e hijos en centros privados concertados tuvieron un gasto muy superior a las que llevaron a sus hijos e hijas a centros públicos, del mismo modo que el coste anual por alumno en la enseñanza privada concertada es superior al de la educación pública. O que el gasto anual medio de las familias en centros concertados fue en 2007 de 1.433 euros, mientras que en la enseñanza pública ascendió a menos de la mitad. Además del coste de clases lectivas, que en los centros privados concertados fue de 247 euros en Primaria y de 220 en Secundaria, y en los centros públicos este concepto es cero”.

La educación pública requiere una inversión por puesto escolar para atender a todo el alumnado de todos los lugares de nuestro país, ofertar todas las modalidades educativas, compensar las desigualdades sociales y tratar de garantizar la cohesión social. Sin embargo, la enseñanza privada concertada no escolariza el mismo número ni “tipología” de alumnado que la escuela pública, segrega a “cierto” alumnado y solo se ubica en zonas rentables para sus intereses económicos.

La manipulación y el mito del “ahorro público de la enseñanza privada concertada” provienen de los informes de su patronal. Y si no es así, ¿por qué en estos informes no se recogen conceptos que son cuantías económicas que pagan las familias en los centros concertados como “servicio de actividad extraescolar, aportación voluntaria, donativo, cuota complementaria, cuota APA, gabinete médico, material escolar (excepto libros), gabinete psicopedagógico, seguro escolar, uniforme, matrícula, donativo de verano”?

Y por último, acerca del pacto educativo. Es evidente la necesidad de un pacto educativo. Pero este acuerdo para la educación no puede basarse solo en pactos políticos de despacho que dejen fuera a la comunidad educativa, colectivos y organizaciones educativas, si queremos lograr una ley con estabilidad para nuestro sistema educativo. El pacto ha de hacerse “desde abajo”, con participación ciudadana, ya que la política educativa no puede ser sino política pública, es decir, aquella discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía. Y cuando se recurre a “expertos”, lo que se pretende es disfrazar la ideología del grupo de “elegidos” y de quienes los han designado. Este procedimiento representa una externalización hacia el ámbito de lo privado de la función de diseñar el sistema educativo.

Los partidos que asumen y tratan de imponer la Estrategia Europea 2020 como base de la discusión del pacto cometen un error. Esta Estrategia Europea de Formación y Educación que el PP, Cs y PSOE utilizan como instrumento para alcanzar el acuerdo solo responde a los intereses de Bruselas, de la Troika, del FMI, de los mercados que utilizan la crisis como oportunidad de reformas, también en la educación.

Y esta estrategia tiene una larga historia. En el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, los servicios públicos como la educación se llaman Servicios Económicos de Interés General, donde se dispone que su gestión está sujeta a las normas de competencia, es decir, de compra-venta. Y en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), se consagra este modelo neoliberal porque se establece que los servicios educativos deben ser considerados un producto como los demás, por tanto para el mercado.

El pacto solo será posible si se piensa en el bien común, no en el mercado. No se puede pactar renunciar a la igualdad y la equidad, cediendo frente a quienes prefieren una determinada excelencia para unos pocos. No se puede pactar renunciar a la libertad de conciencia, frente a la imposición del dogma y la religión en la escuela. No se puede renunciar en ningún pacto a una escuela pública, democrática, participativa, para conseguir la equidad para todos y todas, en la que el alumnado desarrolle el pensamiento con libertad y de una forma crítica, y la educación sea un derecho universal.

Como “epitafio”, releo con asombro que los “representantes” del PP llaman la atención sobre las “alianzas hipócritas e injustificadas” de otras formaciones políticas para oponerse a sus “intereses educativos”, y lo argumentan, sin rubor, porque las/os votantes de todos los partidos políticos prefieren la escuela “privada concertada”, en lugar de la pública, “como opción para educar a sus hijos e hijas”. ¡¡Jóder, que mal me siento, cuarenta y cinco años equivocado!!

Pero ya nos lo dijo Debug: “Si la educación les parece cara, prueben ustedes con la ignorancia”. Y lo peor es que el PP está de acuerdo. Espero que se quede solo.

 

Natalio González,

Maestro y Responsable del Área de Educación de IU Castilla-La Mancha.