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Las mujeres llenando las calles el pasado 8 de marzo hemos reclamado justicia e igualdad: justicia ante denuncias, abusos, maltratos y muertes; e igualdad, pero igualdad real, esa que la que la legislación española recoge pero que la terca realidad se empeña en no aplicar para las mujeres entre otros en el ámbito laboral.

Denunciamos que la precariedad tiene nombre de mujer y que las cifras de paro femenino superan las de paro masculino (por ejemplo en Castilla-La Mancha por encima del 27%), que cobramos menos que los hombres, que ocupamos menos puestos de responsabilidad, que se nos omite en el lenguaje, que se nos asesina por ser mujeres.

Las mujeres, además por el hecho de serlo, cargamos sobre nuestra vida con una peor calidad laboral, unos contratos de menos horas, que muy frecuentemente son a tiempo parcial y que nos hacen percibir un menor salario y nos muestran más vulnerables a los despidos arbitrarios.

Así ha sucedido este mes de junio, cuando se va hacer efectiva la amenaza de los propietarios de la empresa Gestipack, empresa que está subcontratada por la multinacional alemana de logística DHL y dedicada al manipulado de mercancías en el centro de la multinacional logística en Ontígola, para ejecutar en expediente de regulación de empleo extintivo a las trabajadoras que aún quedan trabajando en le empresa, después de diferentes despidos efectuados en periodos de tiempo anteriores.

La larga trayectoria de precariedad, temporalidad y brecha salarial que sucedía en dicha empresa, llega a colofón con el despido efectuado por los dueños de Gestipack, cuando las trabajadoras deciden que tras más de veinte años, algunas de ellas, quieren equiparar el salario y las horas por convenio al de la empresa DHL y donde muchas veces han trabajado por orden de sus jefes, y al de los dos trabajadores hombres de Gestipack, quienes, por supuesto, cobran por encima que sus más de 60 compañeras.

La empresa, consciente de la situación de sus trabajadoras, no contenta con el despido de toda la plantilla, decide que a día 12 de Junio, no es momento de abonar el salario pertinente del mes pasado, sumándose a estas prácticas, el método de pagar el salario en varias tandas durante el mes, o cambiar horarios en función de las horas extras.

Las trabajadoras, demasiado tiempo han estado intentando negociar el avituallamiento de ropa de abrigo para el invierno, o refrigeración de las naves en verano, así como intentar que su rutina laboral pudiera regularizarse.

La situación laboral empeora para estas mujeres a raíz de la sanción impuesta por la inspección de Trabajo debida a la demanda presentada por el comité de empresa reclamando el cumplimiento del convenio colectivo en materia salarial. No solo tienen que hacer frente a la discriminación salarial sino a las consecuencias que supone que la empresa que contrata, DHL, multinacional alemana mira para otro lado y decide resolver con la subcontrata a pesar de que las trabajadoras de Gestipack comparten instalaciones con las de DHL.

La empresa alemana, por su parte, decide no hacerse cargo de las trabajadoras despedidas y ha optado por cambiar de subcontrata sin subrogación de las trabajadoras. Así pues, estas quedan en la calle, sin salario, sin trabajo y sin ninguna garantía.

La reprobable y mezquina actitud de esta y otras empresas con similares prácticas son síntoma del estado en que se encuentran las relaciones laborales tras las reformas que hemos sufrido la clase trabajadora en nuestro país, son síntoma de la discriminación salarial y la intención de disciplinar a las mujeres para que no reclamen sus derechos, para que no levanten la voz, para que no se atrevan a medir sus fuerzas con las corporaciones y si lo hacen que sepan que se exponen al despido, o a la expulsión del país tal y como les ha sucedido a las temporeras de la recogida de frutos rojos en Huelva.

Cuando las temporeras se han atrevido a denunciar se ha desencadenado una caravana de devolución a los países de origen de forma apresurada. Y es que de las 17.000 mujeres que trabajan todos los años en los campos recolectando frutos, algunas denuncian incumplimiento de las condiciones laborales o haber sido sometidas a abusos sexuales a pesar de las amenazas de no volver para trabajar o haber sido recluidas en los campos para que no hablaran con sindicatos o prensa. Son mujeres en situación de vulnerabilidad, en muchos casos divorciadas, con cargas familiares y que desconocen el idioma que aceptan un trabajo y viven dentro de las fincas lo que las conduce a depender de la voluntad de los capataces. Discriminadas laboral y socialmente se encuentran en la encrucijada de aceptar las condiciones o perder el trabajo e incluso ser deportadas.

Otro ejemplo reciente de la discriminación laboral y salarial que sufren las mujeres en nuestro país, además de la brecha de género y que se relaciona directamente con la negativa de los gobiernos hasta el momento de reconocer como prioridad de las agendas políticas la erradicación de la violencia machista, es el caso de las trabajadoras del teléfono 016 que atiende a víctimas de violencia de género y su entorno.

Recientemente las trabajadoras han denunciado que el servicio corría peligro por el cambio de empresa subcontratada y el limbo laboral al que quedaban sometidas si no eran subrogadas a la nueva empresa. Estas profesionales ya Habían denunciado anteriormente, despidos por estar embarazadas o en situación de reducción de jornada, sometidas a condiciones laborales no aceptables como reducción del tiempo de descanso o ir al baño. Contaban con una situación precaria propia de las peores empresas de telemarketig desreguladas. Nuevamente la plantilla estaba formada por mujeres reforzando la idea de peores condiciones, salarios y precariedad laboral en el mercado de trabajo consentidas y avaladas  por unas leyes laborales regresivas para las relaciones laborales.

Legislación laboral fruto de reformas que han hecho que el despido sea más fácil y barato, que se puedan ejecutar Expedientes de Regulación de Empleo sin ninguna autorización previa o que el empresario pueda cambiar el horario, la jornada, modificar los turnos e incluso las retribuciones con la única justificación de previsiones económicas negativas, desentendiéndose por completo de la problemática laboral que causan con sus decisiones.

Y la realidad más dura de la discriminación laboral es la de las mujeres, que siguen siendo las grandes perjudicadas por un mercado laboral que las precariza y penaliza con excesiva dureza y lo hace desde el enfoque salarial y desde la facilidad de los despidos, ya que una trabajadora que cobre un salario miserable, es más barata de despedir y se convierte en un incentivo para la empresa poder hacerlo porque con total seguridad tendrá apenas consecuencia. Donde sí tendrá consecuencias será en la supervivencia de las mujeres sometidas a la explotación, a la precariedad y unos ingresos mermados que tendrán consecuencia directa en la supervivencia inmediata, pero también en las pensiones futuras que probablemente no percibirán o lo harán de forma escasa.

Nuestra sociedad necesita que recuperemos el papel social y sindical de la clase obrera, con las mujeres a la cabeza y en primera línea; removiendo conciencias, movilizando a las bases de mujeres que están sufriendo la embestida de este liberalismo salvaje que soporta sobre los hombros de las trabajadoras la mentira de la conciliación, la farsa de la equidad en el acceso a los puestos directivos, la trampa de la igualdad salarial basada en los contratos a tiempo parcial y en resumen un sometimiento laboral donde los derechos colectivos conquistados con anterioridad se pierden en las negociaciones individuales que tanto daño hacen a las trabajadoras y tanto favorecen a los dueños del capital.

Atendiendo a las cifras de despidos de mujeres, brechas salariales, temporalidad y un larguísimo etcétera, deducimos la importancia de la formación en las empresas y la formación sindical. No es posible el cambio de actitudes del empresariado, sin un cambio de mentalidad en la sociedad.

Solo tomando conciencia de nuestro papel, podremos transformar la realidad y ocupar el espacio que es nuestro, de las trabajadoras.

Isabel Álvarez, Responsable de Mujer de IU CLM y Daniel Mayoral, Secretario de Organización del PCE en Castilla-La Mancha.

 

Estimado Compañero:

Me dirijo a ti con el fin de comentarte una cuestión que estimo de gran importancia, ya que afecta a lo que denominaríamos las bases de una sociedad plenamente democrática.

En estos momentos, lo que está sucediendo en la localidad albaceteña de Villarrobledo me parece de enorme gravedad. El hecho de que un concejal haya sido amenazado de muerte por pedir el cumplimiento de la legalidad es absolutamente intolerable.

Pero desgraciadamente, sin llegar a ese límite, no es el único de nuestra región.

Después de más de 10 años de la promulgación de la llamada Ley de Memoria Histórica, continúan asuntos pendientes como el que anteriormente cito.

La retirada de la simbología franquista que existe en nuestras calles, plazas, avenidas, etc., aunque ha disminuido, sigue siendo una constante en numerosas localidades. Esto no solo afecta al incumplimiento de la legislación aprobada por las instituciones sino que también nos demuestra que falta un camino por recorrer para que podamos decir que nuestra democracia tiene unos sólidos cimientos, porque estamos hablando de calidad democrática.

Por todo ello me dirijo a ti, como máximo responsable de una organización política que siempre ha tenido a gala la defensa de las raíces democráticas, para que hagamos frente a políticas contrarias a la recuperación de la Memoria Democrática en nuestra región, ante las estrategias de los que defienden las posturas más reaccionarias y piensan que la exhibición de elementos en homenaje a los que perpetraron un golpe de estado contra la legalidad democráticamente elegida por el pueblo español, provocaron una guerra civil e instauraron una dictadura de gran represión en distintos aspectos, no tienen ninguna importancia, es más, que se deben continuar como recuerdo de su victoria contra la democracia. Lo cierto es que nos siguen avergonzando como sociedad.

Concluyo, confirmando que es necesario y obligado que aquellos que ostentamos cargos de responsabilidad en organizaciones políticas y/o instituciones públicas seamos coherentes y consecuentes con el debido cumplimiento de la Ley, así como con los idearios que propugnamos en el ejercicio político democrático que día a día transmitimos a la sociedad.

El caso de Villarrobledo puede ser un buen comienzo para respetar la Memoria Democrática y la legislación de nuestro país, así como para que como secretario general del PSCM-PSOE, y como Presidente de Castilla-La Mancha, puedas mostrar tu solidaridad con un concejal amenazado de muerte por defender el cumplimiento de la legalidad de nuestro país.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Según los últimos datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) publicados en el mes de marzo 35.889 jóvenes castellano manchegos menores de 30 años se encuentran en el paro, es decir, un 20% de los y las jóvenes que están en búsqueda de trabajo no lo tienen. Además, el 30% de las personas con sueldos más bajos en España tienen menos de 30 años. No son datos para estar orgullosos.

Seguro que en alguna ocasión hablando con un/a amigo/a, habéis acabado hablando sobre lo poco que cobra, que no llega a fin de mes, que no encuentra un puesto de trabajo para el que se ha estado formando o que cobra menos dinero que su compañero realizando las mismas funciones que él.

Trabajar para ser pobres, esa es la premisa y la realidad de miles de jóvenes de nuestra región; con un presente y futuro muy poco prometedor. Los últimos datos sobre el número de españoles viviendo en el extranjero, tampoco son nada prometedores, ya que son unas 10.152 las personas que salieron de Castilla-La Mancha a lo largo de 2017. Este problema nos influye de forma más directa debido a la fuerte despoblación que sufrimos. Año tras año los y las jóvenes tienen que buscar nuevas oportunidades fuera de nuestra región.

A estos problemas no se les está poniendo solución. Por una parte, tenemos a la Universidad de Castilla-La Mancha, la cual no está centrando sus esfuerzos para que la juventud castellano manchega pueda trabajar en el sector laboral para el que ha estudiado, por lo que se demuestra que la dinámica común es formarse en Castilla-La Mancha y ejercer en otro lugar.

Por otro lado, se encuentra la Junta de Comunidades con Emiliano García-Page, el cual tampoco está llevando una política real para jóvenes. El “Plan Retorno” que se puso en marcha hace unos meses, que tiene como finalidad las bonificaciones a empresas para la contratación de jóvenes y hacer que los que en su día dejaron Castilla-La Mancha regresen mediante becas de desplazamiento, no ha solucionado nada. En la práctica, estas medidas no hacen frente a la alta temporalidad y precarización de los contratos juveniles. Los 3.000 euros que ofrece la Junta no son más que un parche para que las jóvenes que viven fuera de España regresen a una región que sigue teniendo el mismo tejido industrial y donde las condiciones laborales se han visto perjudicadas a lo largo de los últimos años.

Muchos dirán que los datos son mucho mejores, que el paro juvenil ha descendido y que la situación es inmejorable. Pero me gustaría que Emiliano García-Page fuera preguntando joven a joven cuánto cobran y en qué condiciones se encuentran, porque se llevaría una gran sorpresa. ¿Cómo vamos a tener unas pensiones dignas en un futuro, si estamos cotizando sueldos bajísimos?, ¿cómo vamos a independizarnos si apenas llegamos a cubrir las necesidades más básicas?, ¿cómo vamos a poder ahorrar si la mayoría de nuestros contratos son temporales?

En definitiva, ser joven en 2018 y vivir en Castilla-La Mancha es una “profesión” de riesgo.

 

Para hablar de las pensiones de las mujeres podríamos empezar hablando de cifras, porque al parecer con las cifras se explican muchas cosas y con los porcentajes (los quesitos, las tablas, la pizarra digital de algunos programas televisivos) se enseñan de manera muy didáctica como se estructuran y se reparten las desigualdades.

Podríamos decir que las mujeres jubiladas cobran de media 787 euros, frente a los hombres jubilados que cobran 1.237 euros (lo que supone unos 450 euros mensuales menos para las mujeres que para los hombres).

Podríamos decir que el 72% de las pensiones inferiores a 700 euros las cobran las mujeres.

Podríamos decir que el 70% de las pensiones no contributivas, son aquellas prestaciones económicas que se reconocen a ciudadanas en situación de necesidad y que carecen de recursos suficientes para subsistir, aun cuando no hayan cotizado nunca o no hayan cotizado el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Dentro de esta modalidad se cobra 369,90 euros al mes y son las mujeres las que mayoritariamente perciben esta asignación absolutamente insuficiente para sobrevivir.

Podríamos decir que, en cuanto a las pensiones de viudedad, aquellas donde la media es de 645 euros, las mujeres representan el 91,95% del total. Quizá algunos piensen que como consuelo queda pensar que viven más que los hombres, aunque durante el resto de su vida deban enfrentar un triste panorama económico.

Podríamos decir que la diferencia de la brecha en pensiones de jubilación entre hombres y mujeres (37,9%) supera a la brecha salarial en periodo activo (23,2%). Esto significa que las mujeres tienen una peor situación que los hombres para afrontar la vejez, incluso aunque hayan accedido a un trabajo remunerado a lo largo de su vida.

Por ello, lo que con total seguridad podríamos decir es que la brecha de género en materia de pensiones no surge de la mañana a la noche, esta brecha se genera después de años de diferencias en las retribuciones de las mujeres por el mismo trabajo que los hombres.

Esa misma brecha de género que se va cimentando poco a poco en el período laboral de las mujeres y hace que se continúe de la misma forma en el período de jubilación y de cobro de pensión.

Las carreras de cotización más cortas de las mujeres, con una vida laboral cuando menos complicada para conseguir un año de cotización, son debidas a una menor participación en el mercado laboral. Ésta menor participación viene provocada frecuentemente por la asunción de las tareas reproductivas.

Así poco a poco y sin apenas resistencia, se van generando interrupciones constantes, y salidas frecuentes del mercado laboral para dedicarse a la atención y cuidados, esas mismas tareas de cuidados que reivindicamos compartir y que es uno de los elementos clave que movió a la huelga feminista el pasado 8 de marzo.

La contratación a tiempo parcial que en España recae mayoritariamente sobre las espaldas de las mujeres, genera en la realidad que las mujeres estén menos horas empleadas y si juntamos todas estas horas de menos nos dan como resultado menos años a lo largo de su vida laboral con consecuencias directas sobre su pensión.

Ya que el sistema español de pensiones está centrado en la contributividad, no contribuye precisamente a equilibrar las desigualdades de género, más bien las consolida puesto que penaliza de manera más feroz a las personas que coticen menos años y por menos importe.  De esta forma las mujeres, como sabemos, deberán reunir el puzle de su cotización intermitente y sus sueldos reducidos por cuidados y aun así las últimas reformas del sistema español harán leña del árbol caído al ampliar el período de cotización necesario para conseguir el total de la pensión de jubilación, aumentar el número mínimo de años cotizados o endurecer las reglas de cálculo de la pensión.

Por ejemplo, el factor de sostenibilidad que se impondrá en el 2019, señala, penaliza y culpabiliza nuevamente a las mujeres tan solo por tener una mayor esperanza de vida y las señala como las culpables de que los nuevos pensionistas tengan menos capacidad económica puesto que se liga la reducción de las pensiones en función de la esperanza de vida.

Nuevamente el hecho de ser mujer es un factor clave para ser señaladas por un gobierno que desea encontrar culpables para desentenderse de sus nefastas medidas.

Proponer un 0,25 de subida es un insulto para aquellas que tras cuarenta años de cotización laboral deben aportar para sostener a sus hijos e hijas, nietas y nietos y proporcionarles los suministros básicos en muchas ocasiones. Optar por gastar 10.000 millones en armamento es una opción política que desprecia a los pensionistas y entrega un enorme botín de nuestros impuestos a la empresa bélica. (2% PIB según Cospedal).

Los vehículos de combate sobre ruedas 8×8, fragatas F-110, aviones de entrenamiento, aviones de reabastecimiento y helicópteros NH-90 navalizados  que el gobierno se comprometió a comprar ante la OTAN y Trump no van a mejorar la vida de las mujeres que compran la comida, los libros y las zapatillas de sus nietos, no van a ayudar a pagar el IBI y los seguros de los pisos que aunque pagados como dice el gobernador del Banco de España, siguen generando gastos también habituales.

El sistema de pensiones español no contempla el panorama real, el panorama histórico del trabajo de la mujer en España, no se ha tenido en cuenta a efectos de cotización, por ejemplo, el período de prestaciones de servicios sociales obligatorio que muchas mujeres realizaron entre 1937-1978, la cotización del trabajo doméstico no llega hasta 2012, las excedencias y permisos para el cuidado de hijos o dependientes no sobrepasan los tres años para la cotización, lo que nuevamente supone que se han ignorado las circunstancias de ni más ni menos que a la mitad de la población al hablar de pensiones también.

Para acabar quiero destacar que el gran pacto de las pensiones: el pacto de Toledo, consolida y refuerza las desigualdades de género existentes en el mercado laboral y por ende en la sociedad y hunde más a ese 15 % de mujeres que viven en la pobreza y la exclusión social en nuestro país y la solución, desde luego, no pasa por ahorrar dos euros al mes para invertir en planes privados o productos financieros tal y como nos aconsejan desde el gobierno y entidades afines desde su desconocimiento interesado de la realidad social.

Isabel Álvarez

Responsable del Área de Mujer IU CLM.

Llevo bastante tiempo siguiendo la evolución de unos cuantos proyectos de granjas porcinas a lo largo y ancho de la región. No hay municipio que escape a ellos. Grandes empresas del sector cárnico porcino están detrás de muchas de ellas, protegidas por el señuelo de la inversión y del empleo.

Jordi Évole en su programa “Salvados”, sacó a la luz pública, una gran plaga que asola el mundo rural, centrándose en exclusiva en el bienestar animal y en la explotación laboral de los grandes mataderos, dejando otros temas importantes sin tocar.

Este pasado fin de semana, el pueblo toledano de Lucillos ha constituido una plataforma para hacer frente a 4 proyectos de granjas de cerdos (unos 12.000 animales), teniendo todos los proyectos a menos de 2 km de distancia de núcleos urbanos.

La derogación en noviembre de 2014, en Castilla-La Mancha (y en otras comunidades autónomas), del Reglamento de Actividades Molestas e Insalubres y Peligrosas (RAMINP) ha supuesto una desregulación que beneficia al sector. Este reglamento, aprobado en 1964, establecía que esta actividad no podía establecerse a menos de 2000m de núcleos de población. Su derogación, sin tener una nueva norma de carácter regional que catalogase las actividades, ha dejado un vacío legal preocupante.

Con la llegada del ejecutivo socialista se empezó a trabajar una nueva legislación para “la ordenación y registro de actividades ganaderas”  que ocupase los vacíos que dejaba la explicada derogación del RAMINP. Salió a consulta pública en el pasado mes de noviembre, pero ya conocemos la agilidad de la administración. Esta nueva legislación debería de garantizar la calidad de vida de las personas que viven en los lugares donde se asienten estas granjas y permitir el desarrollo de otras actividades. Hay otras necesidades legales como el tema de la contaminación atmosférica o la gestión de purines, pero al menos contamos con la normativa nacional.

El otro gran impulso al crecimiento de proyectos porcinos,  han sido las recientes ayudas a todas las ganaderías (incluidas las intensivas porcinas) establecidas en el Programa de Desarrollo Rural.  Al calor de las ayudas, proyectos que llevaban bastante tiempo sin construir, han resucitado en forma de peticiones de prorrogas a autorizaciones ambientales.

Oía en una radio local esta semana, una entrevista a un director provincial de agricultura. Decía que no entendía la alarma entre los vecinos, que hay mucho control, que es una oportunidad que no podemos dejar pasar, que la mayoría son granjas pequeñas (de menos de 2000 cerdos), que las empresas cárnicas lo hacen con muy buen criterio y que por eso estaban trabajando para resolver cualquier problema que le surja al promotor. Quizá sea el momento de reflexionar para quien trabaja la administración, porqué este tipo de granjas se encuentran con normativas cada vez más restrictivas en el norte y van bajando hacia el sur, y porqué si las granjas están tan controladas,  tenemos informes como en Cataluña que dicen q han contaminado casi el 40% de las aguas subterráneas.

El motivo para que la mayoritaria de granjas sean de menos de 2000 cerdos (el anexo II  de la Ley de Evaluacion Ambiental), es que el procedimiento al que debe de someterse no exige un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo ni consulta pública, lo que deja en total indefensión a los vecinos.

Las granjas de mayor tamaño y las que puedan afectar a zona protegida, deben de pasar EIA y salir a consulta publica. Así, al menos se da la posibilidad, de que alguien vea el anuncio en el Documento Oficial de la Región y avise a los vecinos a tiempo, para que puedan realizar alegaciones.

Por otro lado, el problema de la afección a red Natura siempre se considera que se refiere a  actividades que se dan dentro del propio espacio protegido. Sin embargo, la propia Directiva de Habitats reconoce que no es necesario que la actividad en cuestión se de dentro para que pueda ocasionar daños.

La sentencia de Torrejoncillo del Rey por un defecto de forma, ha supuesto un reconocimiento de los problemas que ocasionan algunas de estas granjas, destacando el voto particular que emite el letrado Miguel Ángel  Narváez señalando que se había procedido dejando en indefensión a los vecinos.

Alcaldes que anteponen el bienestar de sus vecinos, buscan las formas de controlar el tema.  Destaca el caso de Villanueva de la Jara (Cuenca), que  ha procedido a realizar una suspensión potestativa del otorgamiento de licencias a estas granjas.

Fórmulas hay, solo es cuestión de voluntad política que impida dejar en desamparo a los vecinos de  las zonas rurales. No regalemos hermosos pueblos a los cerdos.

Rosa Eugenia Prieto.