En salud, no se debe prometer por encima de nuestras posibilidades. Artículo de Opinión.

El derecho constitucional a la protección de la salud, así como la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios sanitarios con carácter universal, en los términos expuestos por el artículo 43 de la Constitución Española, es un elemento indispensable para sustentar el primer pilar constitucional en el que se asegura que nos hemos constituido en el país Social y Democrático de Derecho. Para Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, y para todo el movimiento político y social en el que nos estamos convirtiendo, esta es una base innegociable.

El Ejecutivo del Partido Popular de Castilla-La Mancha de Dolores de Cospedal decidió, en pleno uso de su voluntad política e ideológica, que debía reducir sus gastos en 1.556 millones de euros, y de ellos casi 850 millones debían corresponder a reducir nuestros servicios públicos, los responsables de hacer una región democrática y con menos brechas sociales. La Junta decidió también reducir déficit a base de sumar 194 millones con subidas de impuestos y la privatización de parte del sistema sanitario.

La sanidad pública perdió casi 540 millones de euros a costa de cerrar centros de atención primaria en muchos municipios de nuestra región: se redujeron las guardias y la retribución de las mismas, aplicó el copago farmacéutico del Gobierno central, el copago en el transporte sanitario no urgente y se empleó a fondo en avanzar en la privatización de la gestión sanitaria.

Su propuesta pasaba por que los hospitales públicos de Almansa, Villarobledo, Manzanares y Tomelloso terminarán gestionados por una empresa, que controlara también los centros de salud de su área sanitaria. Este es el modelo de colaboración público-privada en su versión más radical, una fórmula que consiste en adjudicar a una empresa la construcción de un hospital público, concederle su gestión y asignarle los cuidados de su población de influencia.

La Cadena SER, en relación a estos cuatro hospitales, hacía público un informe interno del gobierno Cospedal en el que se proponía ceder esos cuatro hospitales (Almansa, Tomelloso, Villarrobledo y Manzanares) a ACS y Acciona, las dueñas mayoritarias de la autovía de los Viñedos de Toledo a Tomelloso (https://t.co/vynJz9vaAr)

Este es el concepto de servicio público que tenía el PP en nuestra región, el de vender los servicios públicos para conseguir rentabilidad privada empresarial como exponentes de ese verdadero gobierno  y poder que no se vota en las urnas por la sociedad.

En mayo de 2015 la sociedad decidimos cambiar de gobierno, necesitábamos un nuevo rumbo de política social que frenara la diferencia social que se estaba consolidando en nuestra región. Ese cambio de gobierno  tenía muchas urgencias sociales que atender, y desde 2016 sabríamos con certeza, esos fueron los primeros presupuestos del “cambio”, si el ritmo de cerrar la brecha sería el adecuado o no. Y miramos nuestra sanidad, nuestra educación y a nuestros dependientes, sobre todo.

Dicen desde la Consejería y desde el gobierno regional que se está invirtiendo muy por encima de lo que lo hizo el anterior ejecutivo (no tiene mucho valor esa comparación). Que se han gastado muchos millones de euros en inversiones, en nóminas para trabajadores, en nuevos aparatos necesarios que irán a parar a los Centros de Especialidades de nuestros pueblos por toda la Región. Son números “macro – económicos”, como esos que Montoro nos presenta cada primero de mes, que nada tienen que ver con la realidad que sufrimos la mayoría social, los vecinos y vecinas de Castilla-La Mancha.

Con estos números que nos presentan tienen que salvar dos brechas ya: la que dejaron cuatro años de gobierno liberal del PP, y la brecha entre los datos y las sensaciones y las realidades cotidianas. Si no, fijémonos en estos tres ejemplos de citas para especialistas que en el año 2016 ya han sido citados pare el año 2018. Esta es la realidad cotidiana, la desesperación que los números del gobierno del “cambio” no supo, pudo o quiso atajar. Porque en 2016 hay menos herencia y más voluntad de inversión donde un gobierno quiere. Y no digamos en los años venideros.

Hay más realidades que confirman lo antiguo y apuntalan nuevas tendencias:

• Ocurre que se siguen mandando a los ciudadanos y ciudadanas de una provincia, pongamos Guadalajara, a otra, pongamos Ciudad Real, para que les realicen una prueba de especialidades que se programan para 7 meses. A estos usuarios y usuarias les dicen que la tardanza es por falta de un aparato especializado cuyo valor ronda los 15.000 euros (presupuesto que arruina a una familia castellano – manchega, pero muy insignificante para el SESCAM). La tesitura a la que la administración regional enfrenta a las familias es que para ser tratado de forma rápida y evitar mayores consecuencias deben acudir a un profesional privado a obtener los cuidados que debieran darse en los complejos hospitalarios. Creemos que esto es una forma inaceptable de privatizar servicios sanitarios que vamos a seguir denunciando.
• se siguen sin recuperar servicios no sanitarios que se privatizaron, y que fueron contestados por su trabajadores por la pérdida de calidad en empleo que iba a suponer y por la falta de garantía en la calidad de un servicio privatizado, como el de la lavandería del hospital de Toledo que, por cierto, ya privatizó el PSOE castellano – manchego,
• tal y como vemos, se siguen manteniendo unos tiempos inasumibles en materia de salud para ser vistos por especialistas. “Si se reclama, te lo adelantan”, es lo que se escucha. Pues que den las citas los servicios de Atención al Paciente en los Hospitales y así no hay reclamaciones,
• se mantiene el discurso de “los picos” de pacientes en determinados momentos de la semana (excusa Cospedal), para justificar las, en muchas ocasiones, situaciones inhumanas e indignas, sin privacidad e indefensión absoluta de las urgencias hospitalarias; a pesar de que el Consejero se empeña en decir que podemos ir allí casi de merienda, porque están muy mejoradas,
• se sigue apostando por privatizar servicios no sanitarios en hospitales de nuestra región, como el parking del Hospital de Guadalajara, y se hace con un desparpajo que asombra: dice D. Alberto Rojo Blas. Delegado de la Junta en Guadalajara que lo hace porque no es esencial para la ciudadanía, y porque son 500.000 euros que solo iban a usar los pacientes del hospital. ¿Ha pensado este señor y el partido al que representa, entonces, dejar de financiar a la iglesia por ser un servicio no esencial y que no usamos todos los castellano – manchegos? Apuesto a que no
• se siguen por parchear algunas soluciones a golpe de movilización: que Torrijos se moviliza, se promete un TAC. Sin embargo algunos centros muy necesarios, como el de salud mental Luz de la Mancha en Alcázar de San Juan sigue con el esqueleto.

Ya no hay excusas, son los presupuestos de D. Emiliano García – Page los que nos mantienen en esta situación en la Sanidad que sigue sin ser el garante de la columna vertebral de una sociedad más justa en Castilla-La Mancha. Es posible que hayan invertido, pero obviamente han invertido mal, han invertido donde los vecinos y vecinas de nuestra región no lo notan, han mantenido un sistema que sigue perpetuando la brecha social y cuyo umbral de solución ya lo sitúan en el año 2018. Quizás sean ya fechas que estén demasiado cerca de las elecciones autonómicas y la ciudadanía tiene memoria.

Fdo. Txema Fernández

Responsable de Acción Política de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha