Izquierda Unida Castilla-La Mancha

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha presenta una solicitud para que se cree una Comisión de Investigación por el Incendio de Chiloeches.

Con el siguiente texto, hemos solicitado a la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha la creación de una comisión de investigación sobre el incendio de la Planta de Reciclaje de Chiloeches (Guadalajara) y el motivo de por qué la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no había decretado el cierre de las instalaciones en el supuesto de que constara su ilegalidad con anterioridad al incendio.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 62 del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha de 16 de octubre de 1997, interesamos de la Mesa de las Cortes la creación de una Comisión de Investigación sobre el llamado incendio de la Planta de Reciclaje de Chiloeches (Guadalajara).

El pasado mes de noviembre conocíamos por los medios de comunicación el auto dictado por el titular del Juzgado de instrucción nº 1 de Guadalajara, respecto al incendio que asoló una planta de reciclaje en Chiloeches (Guadalajara) de productos tóxicos.

El incendio en esta planta de residuos tuvo lugar en la madrugada del 26 de agosto de 2016, lo que provocó una intensa nube negra visible a 50 kilómetros de distancia que obligó a confinar en sus domicilios a cientos de vecinos de la comarca. Además, al estar situada la nave en un barranco por el que discurre un arroyo que desemboca en el río Henares, se tuvo que construir en cuestión de horas una balsa para retener el vertido de residuos tóxicos líquidos al lecho del río. En las labores de extinción y control de los vertidos trabajaron decenas de efectivos, entre bomberos, militares de la UME, Guardia Civil, Protección Civil, etc. Aún hoy, cuatro meses después de la tragedia ambiental, son visibles los restos del incendio y de la balsa de contención, completamente saturada de componentes tóxicos aún sin retirar.

Como consecuencia del citado incendio, en el mencionado auto se llaman como investigados a 19 personas físicas y tres empresas: Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina. Siguiendo el mismo auto, todos se habrían puesto presuntamente de acuerdo para ocultar la salida de productos tóxicos sin tratar desde la planta de Chiloeches con destino a vertederos de residuos no tóxicos, a pesar de cobrar por la gestión de esos residuos a las empresas que les encargaban su gestión.

 

Por este motivo, el juez en un durísimo auto de relato de hechos de 29 folios, imputa los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, pertenencia a grupo criminal y falsedad en documento público a los responsables y algunos de los trabajadores de las empresas Kuk Medio Ambiente, Grupo Layna y Salmedina; y el presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (Prevaricación medioambiental) al ex alcalde de Chiloeches, Don César Urrea (PP); al ex viceconcejero de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades con el Presidente García Page, Don Sergio David González Egido (PSOE); y a varios ex directores generales y altos cargos de la Junta en los mandatos del Sr. Barreda, Sra. Cospedal y Sr. Page, como los directores generales de Evaluación Ambiental o de Calidad e Impacto Ambiental, así como varios jefes de servicio.

 

Según el auto judicial, estos altos cargos eran presuntos conocedores de la situación de ilegalidad que rodeaba la licencia de la planta de gestión de residuos de Chiloeches y a pesar de ello no hicieron nada por decretar su cierre. Es más, el juez acusa al ex alcalde de Chiloeches, César Urrea, de haber presuntamente prohibido a sus funcionarios investigar la situación de ilegalidad de la planta cuando el arquitecto municipal pidió hacer un informe. “Al requerir el entonces concejal de urbanismo un informe al arquitecto municipal para conocer la situación de la empresa, el investigado habría ordenado presuntamente que dicho informe no se realizara y habría impedido que ningún responsable del consistorio actuara contra dicha empresa”, llega a decir el juez”.

 

 

Por todo ello se solicita la creación de una Comisión no permanente, prevista en el art. 61.2 del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, para la investigación de los hechos narrado, y se requiera la presencia, por conducto de la Presidencia de las Cortes, a todas aquellas autoridades, funcionarios y cuantas personas sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, para ser oídos en todo lo que sepan y conozcan, y de las medidas que propongan para:

 

  • Conocer la solución dada para resolver los problemas que hayan podido generarse, tanto con respecto a la salud, como al medioambiente.
  • Para que se adopten las medidas legales para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.
  • Para conocer por qué no se había decretado por parte de la Junta de Comunidades el cierre de las instalaciones en el supuesto de que constara su ilegalidad con anterioridad al incendio.
  • Para que se depuren las responsabilidades políticas en las que se hayan podido incurrir.

En Toledo, a 23 de enero de 2017.

Fdo. Juan Ramón Crespo Aguilar,

Coordinador de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha.