Izquierda Unida de Castilla-La Mancha se pronuncia ante el proyecto de la “Ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad”.

Hace unos días se aprobó el proyecto de dicha  Ley, a falta de su aprobación definitiva por las Cortes Regionales.

Esta ley, que pretende ser un instrumento jurídico para garantizar los derechos de uno de los colectivos más perjudicado por la crisis, contará para su desarrollo con 5 millones de euros para la creación de 400 plazas de atención especializada y 85 plazas residenciales para personas con diversidad funcional.

Sobre esta cuestión, en Izquierda Unida saludan esta iniciativa y esperan que no se trate de una “maniobra electoralista”.

Inés Gómez responsable del área de Política Social de  IU CLM, ha comentado: “Esperamos que la dotación presupuestaria se produzca todos los años, porque una Ley sin dinero se convierte sólo en buenas voluntades”.

Inés Gómez ha explicado que: “La Ley de Dependencia ha sufrido desde 2012 recortes en los presupuestos generales del Estado de casi 5.000 millones, siendo las Comunidades Autónomas las responsables de garantizar la cobertura de la Ley, gestionando, tramitando y resolviendo las demandas de este colectivo. En estos últimos años el gobierno de García-Page no ha revertido la excesiva lista de espera.”

Por otra parte, Olvido Contento, Concejal del Ayuntamiento de Mora, y miembro del Área de Política Social de IU CLM, ha lamentado que “tras la convocatoria de 2016  de ayudas de atención adecuada para mayores y personas con discapacidad, se haya reconvertido restringiendo el acceso a las mismas solo personas que hayan solicitado el ingreso en centros residenciales de la comunidad autónoma”.

Para finalizar Izquierda Unida Castilla-La Mancha recuerda al Gobierno Regional que sigue sin incluir en los presupuestos el copago farmacéutico a niños dependientes, que sigue existiendo miles de expedientes administrativos sin concluir y que muchas familias han perdido las prestaciones que garantizaba la Ley de Dependencia. Por ello, esperan que esta nueva Ley de Protección y Apoyo garantizado para personas con discapacidad no se quede en “buenas intenciones y se garantice mediante dotaciones económicas”.