IU culpa al Gobierno de Cospedal de la situación crítica en el sector de la discapacidad.
Izquierda Unida, como ha venido realizando desde los últimos meses, denuncia una vez más la situación por la que atraviesan los cerca de 140 trabajadores y trabajadoras del Centro Especial de Empleo Fundación ASLA (la mayor parte de ellos con discapacidad intelectual), en la provincia de Albacete y que los sitúa en una situación límite ante los atrasos de las últimas 5 nóminas. A los impagos en todos los centros de trabajo repartidos por las principales localidades de la provincia, se ha sumado en las últimas horas la amenaza de cierre para los 10 compañeros y compañeras de la carpintería de Hellín, y que supondrá que los trabajadores tengan que elegir entre el cambio del contrato indefinido que tienen actualmente por un fijo discontinuo de seis meses de trabajo garantizado o, un despido por causas económicas con 20 días de indemnización por año trabajado con un límite de 12 mensualidades.
Si desde la dirección de la Fundación ASLA (Asprona Laboral) se informaba esta misma mañana a los trabajadores del pago inminente del pago de una de las nóminas, para IU el problema sigue estando vigente y está lejos de solucionarse. Cuatro nóminas son muchas para estas 140 familias que llevan meses sin poder hacer frente a sus pagos corrientes y dependiendo de familiares y amigos. Más aún cuando esta situación no es esporádica o puntual, ya que se ha producido de forma continuada durante los últimos años, llegando incluso a los 8 meses de deuda el año pasado.
IU denuncia que la situación del sector de la discapacidad, especialmente en los Centros Especiales de Empleo, afecta siempre a la parte más débil, los trabajadores y acusa directamente a la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha de esta situación. IU exige al Gobierno de María Dolores de Cospedal que el sector sea una prioridad política y que los convenios se firmen en los primeros meses del año, haciéndose efectivo el pago de los mismos en el momento de la firma, y no como viene realizándose desde los últimos años, en los que el convenio se firma en julio en Junta de Gobierno y el pago se hace al final de año. Esto ahoga a las instituciones, que tienen que buscar financiarse en el sector bancario, y castiga finalmente a los trabajadores.
IU recuerda que los Centros Especiales de Empleo posibilitan la formación y el empleo a personas con discapacidad física e intelectual con dificultades de incorporarse al mercado laboral. Estos centros no pueden regirse por principios de rentabilidad económica y corresponde a las instituciones públicas el mantenimiento y apoyo de los mismos, más aún en la situación actual de precariedad por la que atravesamos con un mercado de trabajo con 6 millones de parados.
Foto de www.eldigitaldealbacete.com