La Consejería de Sanidad trata a los consistorios como licitadores privados.
IU-CLM destaca que la Junta obligará a los Ayuntamientos a convertirse en licitadores para contratar con la Junta la gestión de plazas públicas en Residencias y Estancias Diurnas.
Martínez: “Esta convocatoria genera muchas dudas sobre su legalidad y esperamos que no sea una imposición vinculada con la posibilidad o no de obtener subvención.”
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha informado esta mañana sobre las dudas que le genera la publicación en el DOCM de la Resolución del 25 de Julio, publicada el pasado 29 de Julio, de la Secretaría General de Asuntos Sociales por la que se anunciaba la licitación en procedimiento del Acuerdo Marco para la contratación de plazas residenciales, estancias diurnas y nocturnas y plazas en estancia temporal para personas mayores.
Según entienden desde IU-CLM, esta orden que, a priori, parecía dirigida a entidades privadas, parece que incluye a los Ayuntamientos en la misma y, por lo tanto, estos deberían contratar con la administración, facturarles IVA, etc… convirtiéndose en entidades licitadores. Desde IU aseguran no encontrar precedentes a una cosa así y, a través de su Coordinador Regional, Daniel Martínez, han expresado algunas dudas al respecto de esta cuestión.
Por ejemplo, y según Martínez, hay que criticar que un cambio de este calada, aceptando que fuera positivo para los consistorios, se realice en pleno mes de Agosto y con apenas quince días de plazo para presentar las ofertas, con lo que eso conlleva.
Además, Martínez ha asegurado no tener nada clara esta forma de proceder. Dudamos de que sea una convocatoria legal ya que los Ayuntamientos no son empresas, no son entidades licitadoras. Pero, además, desde IU-CLM tenemos todavía más dudas de que esto no sea una nueva fórmula de recortes y suponga, en la práctica, una condición sine qua non para acceder a dichas ayudas.
Por último, desde la formación añaden estar muy preocupados porque esta orden, y la nueva fórmula de acceso a estas ayudas, puedan traer consigo nuevos despidos en los Servicios Sociales de Base y, de igual modo, esperan que la Junta pague, tras nueve meses de este 2014, todos los convenios firmados con Ayuntamientos.